Un piloto en el banquillo
La resolución del juez Sergio Torres abarca a algunos marinos que actualmente afrontan el primer juicio oral por la ESMA y también a represores menos conocidos, entre ellos un capitán que admitió publicamente hace 10 años haber participado de vuelos de la muerte.
El juez federal Sergio Torres elevó ayer a juicio un fragmento de la megacausa ESMA que incluye delitos de lesa humanidad cometidos por 56 imputados en perjuicio de más de ochocientas víctimas. La resolución abarca a la mayor parte de los marinos que actualmente afrontan el primer juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 5, pero también a un grupo numeroso de represores menos conocidos, procesados en los últimos años, como el suboficial Daniel Cuomo, alias Danilo, que hasta poco antes de su detención trabajaba en la agencia de seguridad Vanguardia. El documento incluye por primera vez a un marino imputado a partir de una confesión privada sobre su participación en los “vuelos de la muerte”. Se trata del capitán retirado Hemir Sisul Hess, quien contó en la década del ’90 cómo los secuestrados “caían como hormiguitas” desde aviones navales.
Desde el juzgado de Torres dejaron trascender que “prosigue la pesquisa” sobre el método cristiano de desaparición de personas implementado durante la dictadura, investigación en la cual el fiscal Eduardo Taiano solicitó el lunes pasado la detención de los tripulantes del primer vuelo de la muerte identificado por el Ministerio Público Fiscal, en el que fueron asesinadas las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y cinco militantes de Vanguardia Comunista, miembros del grupo de familiares secuestrados el 8 de diciembre de 1977 en la iglesia de la Santa Cruz.
La causa ESMA, reabierta hace ya ocho años, es la de mayores dimensiones en toda la Justicia Federal del país. Bien por la cantidad de sobrevivientes del centro clandestino que Emilio Massera intentó utilizar como mano de obra esclava para su frustrado proyecto político, y por que los sobrevivientes facilitaron las identificaciones, el expediente ya tenía un numeroso grupo de imputados en los ’80, cuando las leyes de impunidad acabaron con el proceso de justicia. Si bien la cifra se incrementó tras la reapertura en 2003, sigue siendo significativo el número de represores libres, que incluye a marinos condecorados por Massera por su actuación en “operaciones de combate” como integrantes del Grupo de Tareas 3.3. Además de Hess, Cuomo y el almirante Antonio Vañek, juzgado en estos días por el plan sistemático de robo de bebés, la resolución incluye entre otros a Jorge Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Carlos Suárez Mason (hijo del militar homónimo), Ernesto Weber, Antonio Pernías, Oscar Montes, Jorge Radice, Rubén Franco, Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda y Juan Azic.
La resolución del juez Sergio Torres abarca a algunos marinos que actualmente afrontan el primer juicio oral por la ESMA y también a represores menos conocidos, entre ellos un capitán que admitió publicamente hace 10 años haber participado de vuelos de la muerte.
El juez federal Sergio Torres elevó ayer a juicio un fragmento de la megacausa ESMA que incluye delitos de lesa humanidad cometidos por 56 imputados en perjuicio de más de ochocientas víctimas. La resolución abarca a la mayor parte de los marinos que actualmente afrontan el primer juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 5, pero también a un grupo numeroso de represores menos conocidos, procesados en los últimos años, como el suboficial Daniel Cuomo, alias Danilo, que hasta poco antes de su detención trabajaba en la agencia de seguridad Vanguardia. El documento incluye por primera vez a un marino imputado a partir de una confesión privada sobre su participación en los “vuelos de la muerte”. Se trata del capitán retirado Hemir Sisul Hess, quien contó en la década del ’90 cómo los secuestrados “caían como hormiguitas” desde aviones navales.
Desde el juzgado de Torres dejaron trascender que “prosigue la pesquisa” sobre el método cristiano de desaparición de personas implementado durante la dictadura, investigación en la cual el fiscal Eduardo Taiano solicitó el lunes pasado la detención de los tripulantes del primer vuelo de la muerte identificado por el Ministerio Público Fiscal, en el que fueron asesinadas las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y cinco militantes de Vanguardia Comunista, miembros del grupo de familiares secuestrados el 8 de diciembre de 1977 en la iglesia de la Santa Cruz.
La causa ESMA, reabierta hace ya ocho años, es la de mayores dimensiones en toda la Justicia Federal del país. Bien por la cantidad de sobrevivientes del centro clandestino que Emilio Massera intentó utilizar como mano de obra esclava para su frustrado proyecto político, y por que los sobrevivientes facilitaron las identificaciones, el expediente ya tenía un numeroso grupo de imputados en los ’80, cuando las leyes de impunidad acabaron con el proceso de justicia. Si bien la cifra se incrementó tras la reapertura en 2003, sigue siendo significativo el número de represores libres, que incluye a marinos condecorados por Massera por su actuación en “operaciones de combate” como integrantes del Grupo de Tareas 3.3. Además de Hess, Cuomo y el almirante Antonio Vañek, juzgado en estos días por el plan sistemático de robo de bebés, la resolución incluye entre otros a Jorge Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Carlos Suárez Mason (hijo del militar homónimo), Ernesto Weber, Antonio Pernías, Oscar Montes, Jorge Radice, Rubén Franco, Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda y Juan Azic.
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