lunes, 28 de noviembre de 2011

Informe CIDH : valor probatorio


El argentino Santiado Canton, secretario ejecutivo de la CIDH
“Esto tiene valor probatorio”

Cantón explica cómo la CIDH analizó el pedido del juez Torres para ceder documentos que habían sido abiertos con la promesa de la confidencialidad. Las dificultades para establecer un protocolo general para estas situaciones.

 Por Alejandra Dandan

Santiago Canton es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es argentino y parte de quienes desde hace unos cinco años están pensando cómo desclasificar los documentos que desde los ’60 recibió el organismo de la OEA sobre los procesos de violación a los derecho humanos en la región. En diálogo con Página/12, Canton explica en qué consiste la decisión de apertura de documentos que se tomó en el caso argentino, sus límites y alcances, los efectos en otros estados y el cambio de paradigma hacia adentro de la organización.
–¿En qué consiste la decisión sobre Argentina y por qué se la tomó?

–Desde hace cinco o seis años se está discutiendo en la comisión el tema de los archivos históricos que tiene la CIDH y sobre el interés de muchos sectores de América latina para que se abran. Sin tener un conocimiento muy preciso sobre cuál era la información que pueden contener porque estamos hablando de archivos de los años ’60 en adelante. La discusión era cómo abrir los archivos, porque no existen protocolos en la OEA o en otros organismos de esta naturaleza, porque el principio básico siempre ha sido la absoluta confidencialidad. Cuando uno vuelve a ver las cartas de las personas que denuncian durante la dictadura en Argentina, muchas dicen que “por favor no digan nada porque temo por nuestras vidas”. Entonces, la pregunta era si se podía cambiar este principio de confidencialidad. Pasados veinte años o treinta años de retornada la democracia, ¿cuáles son las características que tiene que haber para hacerlo?
–¿Y qué decisión tomaron?

–En algunos casos se entregaron los documentos a familiares que los pedían porque tenían interés. Veíamos que no había problemas, casos, por ejemplo, de hijos que pedían por sus padres. Un material que para ellos tiene valor emocional. Pero todavía está pendiente qué criterio usar con los archivos en el resto de los casos. De alguna manera, el caso de Julio López en Argentina planteó nuevamente esa pregunta, puso una luz de alerta. Si bien no era un caso que se hubiera presentado ante la CIDH en su momento, indica que a pesar de los enormes avances todavía ha habido problemas. La comisión debe aplicar un criterio que tiene que ser igual para todos los países. Finalmente se decidió avanzar en un protocolo general para todos los casos. Es un protocolo que no está aprobado en su forma definitiva. pero sin perjuicio de eso la comisión entendió que había que ir adelante, estudiando caso por caso.
–¿Van a analizar cada caso?

–Como la solicitud que había planteado el juez Sergio Torres llevaba muchos años, hablé varias veces con él para ver cómo hacerlo. Finalmente, se envió una carta invitando a que vinieran, informando sobre los casos que tenían interés. Encontramos unos 200 archivos aproximadamente. Torres vino con todo su equipo, se vieron con la CIDH, explicaron qué estaban haciendo. Ahí surgió un montón de información que posiblemente tenga un alto valor probatorio y al mismo tiempo se planteó un protocolo para ver si se mantenía la confidencialidad. Entendimos que solamente se iba a poder ir abriendo de acuerdo con lo que pida el juez.
¿Por qué, entonces, a pesar de la desaparición de Julio López la CIDH entiende que es tiempo de abrir esos documentos?

–Se discutió mucho, por eso los archivos no se han abierto al público. En otras condiciones, uno se puede preguntar cómo procedemos y entender que trascurridos 25 o 30 años pueden abrirse. Podríamos decir: los países son democráticos, abramos porque es importante para su historia. Pero se consideró que no estamos en una situación en la que se puedan abrir ni a todos los estados ni a todas las personas. Por eso se establecieron distintos niveles de confidencialidad según los casos.
–¿Trabajarán sobre pedidos que les lleguen de acá en adelante o también con los que ya les hicieron?

–Ya hemos recibido varios pedidos, tanto de Argentina como de otros sitios. La situación de los países de la región no es la misma. Hace un tiempo tuvimos un golpe de Estado en Honduras, en un escenario que no se puede distinguir completamente de la situacion que se vivió en los ’80.
–En 1980, la CIDH publicó el informe final cuya circulación fue prohibida en Buenos Aires. El informe tiene relatos en tiempo presente y con una inmediatez que es difícil encontrar hoy en los juicios orales, a más de 30 años. ¿Puede compararse el valor documental con los archivos que fueron desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos?

–El tema es qué tipo de información hay alrededor de esa visita. Hay denuncias recibidas por la CIDH a partir del golpe, personas que empiezan a enviar denuncias sobre la ejecución o desaparición de sus familiares. Si uno ve las cartas, hay padres, hermanos, diciendo “ayer” o “hace tres meses que a las 3 de la mañana golpearon la puerta de mi casa, entraron diez personas encapuchadas, se llevaron a mi hijo o mi hija, nunca más lo vi, ayúdennos”. O: “Estoy pidiendo un hábeas corpus ante tal juzgado y no pasa nada”. Y a partir del golpe se produce esa avalancha de denuncias que casi con seguridad fue un factor fundamental para que la comisión viera que estaba pasando algo en Argentina. Que la dictadura no era la cara linda que querían mostrar. También están las denuncias que se recibieron durante la visita. La CIDH se entrevistó con militares en el poder, con quienes estaban en las cárceles, detenidos, visitó la ESMA. Todo eso está en los archivos desde hace décadas. De esa información hay muchos aspectos que son de un valor probatorio, no sólo histórico.
–¿Existen las minutas transcriptas de las entrevistas que fueron manteniendo? El Informe final habla de dos encuentros con el dictador Jorge Rafael Videla, sus ministros y los responsables de las zonas.

–Hay archivos de generales de la dictadura, pero tampoco hay tanto como hubiese esperado. No sé si hay algo más porque un expediente, cuando está terminado su proceso, va al archivo central de la OEA, donde están los archivos de la CIDH y de otras entidades del organismo.
–¿Argentina como prueba piloto abre la posibilidad de empezar a abrir esos archivos que se guardan en la OEA?

–Completamente. Es un proceso único que permitirá establecer un protocolo teniendo en cuenta la información que tiene la CIDH y sirve para el fortalecimiento del estado de derecho en los países de la región. Hoy los están pidiendo la Comisión de la Verdad de Ecuador, de Panamá, está a punto de crearse la de Brasil y por eso tiene mucho valor actual, no es un valor meramente académico o histórico.

La CIDH desaclasificará documentos de su informe sobre la dictadura

Lo que encontró la CIDH, 32 años después

Por iniciativa del juez Sergio Torres, que investiga la megacausa ESMA, la CIDH cederá documentos del informe elaborado a partir de su visita de 1979. Los funcionarios judiciales fueron a Washington donde encontraron 65 cajas con documentación.

 Por Alejandra Dandan

Las cajas de documentos que durante la dictadura dieron sustento al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empezaron a volver al país. Se trata de una medida inédita en este organismo de la OEA que durante años recibió e, invariablemente, rechazó pedidos de acceso a los documentos, tanto de jueces argentinos como del resto de la región. Una misión a Washington encabezada por el juez federal Sergio Torres, en el marco de las investigaciones por la megacausa de la ESMA, terminó de habilitar la desclasificación de documentos, en una decisión que la CIDH la considera histórica y consigna como un reconocimiento a los procesos de verdad, justicia y memoria desarrollados en el país. Durante la estadía, Torres digitalizó sólo una parte de las 65 cajas de archivos con informes ligados al centro clandestino de los marinos. Los documentos servirán como prueba para reforzar tramos de la megacausa, pero en las cajas hay además archivos de valor histórico. Ahora todo está guardado en el juzgado, reservado, aunque a disposición de las partes. La discusión ahora hacia el interior de la OEA es si se trata de una excepción o es un antecedente para otros países de la región (ver nota aparte).

“Es una foto de la época que nadie puedo tomar, no hay otros registros”, dice Pablo Yadarola, secretario del juzgado, uno de los que integró la misión. “Mi sensación es que cuando uno vuelve a mirar esos papeles a la luz de la historia lo que ve es, entre las cartas de los familiares, un último pedido de auxilio, porque dentro del país todo estaba prohibido.”

Los relatos de quienes se aproximaron a dar testimonio durante la inspección de la CIDH al país en diciembre de 1979 contienen el tempo del tiempo presente con detalles y enorme cantidad de datos, que cobran mayor fuerza cuando se los compara con los que se escuchan más de 30 años después en los juicios de lesa humanidad.

Uno de los ejemplos es el caso de la mujer de Alberto Samuel Falicoff, médico que realizaba prácticas en el hospital de niños de Córdoba. Los dos fueron trasladados a la ESMA. Su mujer salió al cabo de un mes aproximadamente y denunció el caso ante la CIDH, antes de la visita del organismo al país. Ese testimonio reúne dos características. Es el único de aquel caso, porque su mujer no volvió a declarar y el relato lo usó por lo menos una de las querellas en el juicio como prueba de ese secuestro. Pero su potencial radica en la fuerza de la inmediatez, un dato que podría reencontrarse en los documentos que quedaron de lado.

“En el baño el guarda me saca la capucha, me pregunta cuántos años tengo, si soy casada y si tengo hijos”, dice la mujer. “El es un pibe de aproximadamente 17 años. Se porta muy atento y me pide que lea lo que dice en mi capucha y veo escrito con fibra sobre la tela ‘posible franco’. Le digo qué significa y me dice que me van a largar. Su única misión es cuidar que los prisioneros no hablen, no levanten la capucha y a los que lo hacen pueden pegarles a gusto hasta matarlos.” Le contó que el día anterior le tocó ir a una casa que alguien había denunciado. Que como los dueños trataron de escapar “tuvieron que disparar y mataron a la mujer joven con un niño. Que después pudieron comprobar que no tenían nada que ver, que a él le había hecho mal pero que toda la culpa la tiene quien denuncia a gente inocente”.
El viaje

Torres decidió pedir los documentos por dos razones. Para ampliar la base de pruebas de las víctimas ya identificadas y, además, para buscar nombres de víctimas hasta ahora no identificadas. Antes de iniciar el viaje, el juzgado mandó un listado con las algo más de 900 víctimas que pasaron por la ex ESMA, con nombres de los acusados. La CIDH hizo una primera clasificación de archivos que arrojó más de 200 coincidencias.

En Washington, el juzgado encontró 65 cajas con unos cien legajos cada una. De la primera clasificación, hecha en una semana, entendieron que de las 65 cajas, unas 55 tienen legajos de la víctimas, una parte de las cuales sigue “reservadas” porque los denunciantes le pidieron a la CIDH mantenerla en esos términos. Y 10 cajas son documentos cuyo valor no sólo es judicial sino histórico porque, entre otros elementos, guardarían las entrevistas que mantuvieron los seis funcionarios del organismo. Entrevistas con jerarcas de la dictadura como Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Albano Harguindeguy o Adolfo Gabrielli, entonces presidente de la Corte Suprema. También Luciano Benjamín Menéndez y con ex presidentes como Héctor Cámpora o Arturo Frondizi. Con la Iglesia Católica, integrantes de organismos de derechos humanos, asociaciones empresarias y gremiales. También, se sabe, hay encuentros con asociaciones de “víctimas del terrorismo”, que se acercaban a hacer lobby a favor del país del “somos derechos y humanos”.

El modo en el que usará la información y su circulación de momento está limitada a los que intervienen en el juicio: fiscales, defensores y querellas. Desde el juzgado subrayan su carácter reservado y secreto dado el futuro que puede tener esta decisión en el marco de la OEA parece sujeta a las lides diplomáticas.
La comisión

En la historia de la ESMA el paso de la comisión marcó un antes y un después distinguible en su edificio. Mientras los marinos se preparaban para la visita, trasladaron a los detenidos a la isla El Silencio, del Tigre, propiedad de la Iglesia Católica, actividad operativa que estuvo a cargo del represor Ricardo Cavallo. En el edificio tapiaron una de las puertas de acceso y modificaron la planta principal.

La comisión recibía denuncias desde 1975, pero después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 las denuncias se convirtieron en avalanchas de reclamos. Sus integrantes empezaron a expresarle al gobierno argentino su “preocupación por el número cada vez más grande de denuncias y por las informaciones de distintas fuentes que hacían aparecer un cuadro de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos y libertades fundamentales”, como recordaron Emilio Mignone y Agusto Conte en la introducción de lo que años después iba a ser el Informe Prohibido, informe de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Argentina.

“Como las respuestas de la dictadura fueron insuficientes –cuando contestaba– o carentes de verosimilitud sugirieron el envío de una misión.” El 18 de diciembre de 1978 la dictadura aceptó la inspección, pero como consecuencia de las presiones y esfuerzos dilatorios terminó realizándose un año más tarde: entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979.

La visita se boicoteó internamente con la campaña “destinada a desprestigiar al organismo presentando su actuación como intromisión en asuntos internos”, recuerda ese libro. Algo que puede verse en las páginas de los diarios de la época, que reproducen solicitadas de empresas y títulos con la lógica del boicot. Decíamos ayer, de Eduardo Blaustein y Martín Zubieta compiló algunas imágenes: la tapa de la revista Somos del 7 de septiembre de 1979, que caricaturiza a un funcionario de la CIDH que aparece con una lupa apuntando a las narices de un militar: “Comisión de Derechos Humanos ¿Qué buscan?”, decía el título. Pocos días antes, el Banco Provincia publicó una solicitada en La Prensa: “Los argentinos somos derechos y humanos”. El 13 de septiembre, el diario La Razón presentó un textual del cardenal Primatesta en el que decía que la Iglesia “ratificó su posición respecto de la realidad nacional”. Realidad que había sido reseñada el 9 de septiembre, en Clarín. Monseñor Guillermo Bolati, arzobispo de Rosario, decía: “Cada país debe regular los derechos humanos. No deben ser los extranjeros los que nos vengan a indicar qué tenemos que hacer”. El 22 de septiembre, cuando la comisión dejó el país, La Nación difundió la posición oficial ante la visita: “La Argentina solo se confiesa ante Dios”. El mismo día, La Prensa reprodujo una frase de Harguindeguy: “La Argentina no tiene nada que ocultar”. Y luego: “Mentiras infames sepultadas por la verdad incontrastable y comprobada”.

Para entonces, los periodistas que habían estado cubriendo la inspección de la comisión a la cárcel de Devoto dejaron constancia de que habían sido fotografiados individualmente. Y que frente las oficina de la OEA, en Avenida de Mayo, se “ha advertido la presencia en las reuniones de prensa de personas que no es posible identificar como prensa de ninguno de los medios conocidos”. Carmen Lapacó era una de las mujeres que hicieron la fila en la sede la OEA de Avenida de Mayo.

La comisión aprobó el informe el 11 de abril de 1980, pero el ingreso de ese documento al país estuvo prohibido. Mignone y Conte lo explicaron en la edición que se logró hacer en 1984: “Pese a su interés e importancia es prácticamente desconocido en nuestro país. Cuando apareció, los diarios y revistas argentinas –por sugerencia del gobierno militar– se limitaron a transcribir sus conclusiones seguidas de una refutación elaborada por el régimen (...). Las organizaciones de derechos humanos no encontraron entonces una sola imprenta dispuesta a correr el riesgo de imprimirlo”. Unos 500 ejemplares lograron ser traídos desde Washington y se reprodujeron clandestinamente.

“El CELS todavía estaba en su sede d Viamonte –explica Carmen Lapacó–. Emilio Mignone trajo el informe de allá y entonces me acuerdo de que Noemí Labrune y yo sacábamos de ese informe hojas, no seguidas sino de lugares distintos, de a dos o de a tres, del medio. Había pocos lugares con fotocopiadora, íbamos a una y después a otra: nos recorrimos medio Buenos Aires para que no se dieran cuenta qué era. Una vez, a Noemí le pasó que el hombre que le iba a sacar las fotocopias le dijo: ‘Usted es una subversiva’, y le tiró los papeles en la cara. Dado ese antecedente, otra vez yo llevé otras a un lugar en Caballito. Voy a buscarlas. Dos muchachos jóvenes de una imprenta dicen: ‘¿Por qué están así cortados? Nosotros tenemos interés en tener todo’. Pero con lo que había pasado, les dije que trabajaba en un estudio jurídico, del miedo que tenía. Me dicen: ‘Dígales a los abogados que nos den todo que les hacemos un precio especial’. Salí y me tomé un taxi, vivíamos con miedo.”

Cuando estuvieron listas todas las fotocopias, cuenta, se reunieron con Luis Zamora y empezaron a armar los juegos. Zamora hacía los agujeros en las hojas. “Pero cuando hubo que armarlos no teníamos nada porque había en ese momento ganchos como los de ahora, yo tenía de casualidad en mi cartera unos anillos para colocar la cortina del baño y vimos que servían. Entonces, se compraron ganchos de cortina del baño, lástima que ahora yo no tengo mi ejemplar, que quedó en el CELS.”

Como también revelaba Mignone, esas copias se entregaron en mano a jueces, obispos, periodistas y personalidades relevantes. Obviamente, también entre las organizaciones de derechos humanos y familiares, que fueron quienes costearon la precaria y clandestina edición. En 1980, el Informe Prohibido tiene la estructura y la potencia de lo que años más tarde sería el Nunca Más. Dejó constancia de los desaparecidos, de los centros clandestinos, de los mecanismos de secuestros y torturas

viernes, 18 de noviembre de 2011

Los archivos de la dictadura brasileña: una ayuda para Astiz

 Por Darío Pignotti -  Desde Brasilia

La dictadura brasileña sabía que Alfredo Astiz era buscado por la Justicia francesa por el asesinato de dos monjas, pero aun así realizó gestiones ante Gran Bretaña para su repatriación en 1982, reveló Folha de São Paulo. “Me parece importante que se haya publicado información sobre cómo Brasil intercedió a favor de Astiz, y es fantástico que yo venga a saberlo el mismo día que aguardamos su sentencia en Buenos Aires”, por la causa ESMA, dijo Juan Gelman por teléfono desde México el miércoles pasado. El Palacio de Itamaraty fue informado por su embajada en Londres de que Astiz era requerido por los jueces de Francia y Suecia, pero eso no frenó la presión para que sea liberado, lo cual finalmente ocurrió en un avión que antes de aterrizar en Buenos Aires hizo escala en Río y a bordo del cual viajó un diplomático brasileño.

Telegramas del Servicio Exterior de 1982, desclasificados por el gobierno de Rousseff, reflejan el empeño con que el embajador brasileño en Londres, Roberto Campos, amigo del entonces canciller argentino Nicanor Costa Mendes, trabajó por la libertad/impunidad de Astiz, prisionero de las fuerzas británicas tras rendirse en las Georgias del Sur.

Hasta hoy, el relato oficial sobre la solidaridad brasileña con los generales y almirantes argentinos durante la guerra de Malvinas soslayó que, bajo el repentino antiimperialismo del dictador Figueiredo, quien durante años comandó los servicios de Inteligencia, se escondía la solidaridad entre los camaradas de la guerra sucia transnacional.

Como explica Martín Almada, a partir de los años ‘80 entró en acción una “fase nueva del Cóndor”, que entre otras tareas se abocó a dar cobertura a los asesinos requeridos por la Justicia”, y así fue como varios represores argentinos huyeron a Brasil y Paraguay en los años ‘80, algunos alegando ser perseguidos políticos de la democracia.

La recopilación de una decena de cables secretos generados por la embajada de Brasil en Buenos Aires, entre 1975 y 1978, ilustra sobre los contactos con altos mandos militares en los que se exhiben coincidencias en la necesidad de actuar conjuntamente contra la “subversión”. Se observa en esos documentos, hasta hace poco tiempo secretos, una recurrente mención a la Marina y consideraciones elogiosas sobre Eduardo Massera, como lo muestra el “telegrama confidencial urgente” del 27 de julio de 1977.

Allí se habla de un supuesto viaje de Ma- ssera a Río de Janeiro como parte de su agenda diplomática personal y la influencia del marino en la política externa de la dictadura, la cual estuvo marcada por la aproximación con Brasilia. El ex prisionero de la ESMA, Víctor Basterra, declaró a este diario que tuvo conocimiento del enlace entre ese centro de detención clandestino de la Armada y los servicios brasileños. Basterra, quien realizó un extraordinario trabajo de contrainteligencia sobre la represión durante sus años de cautiverio, recuerda que en la ESMA fue obligado a montar afiches con las fotos de Juan Gelman y el cura Jorge Adur, desaparecido en 1980, los cuales fueron enviados a la frontera con Brasil.

La cooperación entre la ESMA y los organismos represivos brasileños se prolongó por lo menos hasta noviembre de 1982, “esto me consta, estoy seguro de que fue así”, afirma el ex prisionero político luego de citar fechas y nombres con una precisión que asombra.

El testimonio de Basterra y los telegramas enviados desde la embajada de Londres no dejan dudas de que Brasilia estuvo envuelta en el Plan Cóndor, en los planos represivo y diplomático hasta 1982. La participación comenzó pocos días antes del golpe, el 18 de marzo de 1976, cuando fue secuestrado el pianista Francisco Tenorio Cerqueira Santos, que había participado en un concierto ofrecido en el Gran Rex por Vinicius de Moraes y Toquinho. La historiadora Janaína Teles cuenta con pruebas incontrastables, fechadas el 20 y 25 de marzo de 1976 (habrían sido presentadas ante la Justicia argentina), sobre la complicidad entre el régimen brasileño y la ESMA en ese crimen. Se trata de dos notas enviadas a la embajada de Brasil, firmadas por Jorge “Tigre” Acosta, las cuales hacen referencia a la detención y posterior muerte del pianista.

lunes, 14 de noviembre de 2011

Confirmados los procesamientos de 4 aviadores y 1 abogado por los vuelos de la muerte

Pilotos, cada vez más cerca del juicio oral

La medida abarca a tres ex prefectos identificados como pilotos del vuelo en el que se asesinó a las monjas francesas y las fundadoras de Madres. El abogado Gonzalo Torres de Tolosa y el suboficial naval Rubén Ormello completan la nómina.

 Por Diego Martínez

Tres ex pilotos de los Skyvan desde los que se arrojaron secuestrados vivos al mar durante la última dictadura podrían compartir con Jorge “El Tigre” Acosta, Juan Carlos Rolón & Cía. el banquillo del próximo juicio por delitos de lesa humanidad en la ESMA. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de los ex prefectos Enrique De Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro D’Agostino, identificados en una investigación del Ministerio Público Fiscal como pilotos del vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977 en el que habrían sido ejecutadas las monjas francesas, las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y los familiares secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. Sigue libre e impune en Necochea el superior de los aviadores, prefecto general Hilario Ramón Fariña, ex jefe de la División Aviación de Prefectura durante la dictadura, denunciado desde 1984 ante la Conadep como responsable de “tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”.

La resolución de la Cámara Federal que confirma los procesamientos ordenados por el juez federal Sergio Torres lleva las firmas de Martín Irurzun y Eduardo Farah e incluye a otros dos acusados: el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, ex defensor de sus compañeros de la ESMA, denunciado por el ex capitán Adolfo Scilingo como quien le alcanzaba a las personas dormidas para arrojar al vacío, y el suboficial naval retirado Rubén Ricardo Ormello, quien relató su actuación en los vuelos en los años ’80 ante sus compañeros de trabajo. El ex mecánico de la Armada trabajó hasta el día de su detención en Aerolíneas Argentinas, igual que Arru y De Saint George, que eran comandantes de vuelos internacionales.

El capitán Emir Sisul Hess, quien confesó sus crímenes en privado en los ’90, es por el momento el único imputado por su participación directa en los vuelos que ya está en manos del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que condenó al primer grupo de 16 represores de la ESMA y que a mediados de 2012 comenzaría el segundo proceso oral y público. A fines de septiembre, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Julio Alberto Poch, el ex piloto que confesó sus crímenes ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia. De los tiempos que demore la elevación a juicio y del criterio de acumulación de causas que adopte el tribunal que preside el juez Daniel Obligado dependerá que Poch y los cinco acusados que desde esta semana tienen procesamiento firme sean juzgados a partir del próximo año o recién en un tercer proceso, que al ritmo actual no arrancaría antes de 2015.

De Saint George, Arru y D’Agostino fueron imputados a partir del estudio de 2800 planillas de vuelo de los Skyvan de Prefectura, realizadas por la Unidad Especial sobre delitos de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, y de testimonios de ex suboficiales y civiles que prestaban servicios para Prefectura obtenidos por el fiscal federal Miguel Osorio. Entre quienes tenían “la sartén por el mango” con los vuelos de la muerte, según un ex prefecto que declaró en la causa, también estaban los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, que está radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA.

La impunidad de Fariña es difícil de explicar. Su nombre completo figura desde enero de 1984 en una carta enviada al presidente Raúl Alfonsín por la “oficialidad joven y no corrupta de Prefectura Naval” sobre camaradas que “actuaron en la represión antisubversiva dentro y fuera de la ESMA”. Se lo sindica con todas las letras como “quien se encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”. Fariña conducía la División Aviación (DAV), que integraban apenas catorce pilotos y una docena de mecánicos. Entrevistado por Página/12, primero negó los vuelos y luego relativizó: “De todo lo que se dice habrá un cincuenta por ciento de verdad y otro cincuenta de fantasía”. Su imputación está en manos del juez Torres, que instruye la megacausa ESMA, y del fiscal federal Eduardo Taiano, quien consultado para esta nota no recordó haber pedido su citación para prestar declaración indagatoria.

De Saint George, Arru y D’Agostino eran en 1977 oficiales principales. Sus superiores inmediatos eran Salinas, jefe de la sección Operaciones, “incondicional” según las calificaciones de Fariña, y Roberto Zaldúa, jefe de la sección Logística. El bahiense D’Agostino era jefe de la subsección “servicios generales” de la DAVI, jefe de los mecánicos y de mantenimiento en el aeroparque Jorge Newbery. Diecisiete días después del vuelo que lo distingue de los pilotos de los Skyvan que continúan en libertad fue elogiado por Zaldúa por el “dominio de sus reacciones emotivas” y porque “aún en situaciones críticas se mantiene sereno”. En 2003 murió el mecánico que participó del vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977, ayudante de primera David “El Gallego” Fernández, quien según sus superiores tenía un “elevado concepto de la corrección y la fidelidad”.

viernes, 4 de noviembre de 2011

La Corte Suprema revocó la excarcelación de dos imputados por crímenes cometidos en la ESMA

Se trata de Juan de Dios Daer y Edgardo Aroldo Otero. El Máximo Tribunal dejó sin efecto un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal. Hizo lugar a un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió -expedientes D.l74.xLVI y ü83.XLVI-, por mayoría, hacer lugar a las quejas deducidas por el fiscal, declaró procedentes los recursos extraordinarios y revocó las decisiones apeladas. En el planteo realizado se había cuestionado los pronunciamientos por los cuáles la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal concedió las excarcelaciones de Juan de Dios Daer y Edgardo Aroldo Otero, bajo caución personal, en el marco de una de las causas conocidas como "ESMA”

martes, 1 de noviembre de 2011

La camiseta

 Por Marcelo Brodsky *

La fotografía no tiene fin. La imagen que había conseguido reconstruir, el retrato de mi hermano de los hombros para arriba detenido en la ESMA, resultó estar incompleta. Durante la visita que realicé con Víctor Basterra al Juzgado Número 12, donde se tramita la causa ESMA, Víctor reclamó su derecho a revisar el expediente para ver las pruebas que él mismo había aportado. El primer expediente que vimos mostraba sólo fotocopias. Pedimos los originales. Aparecieron.

Y la foto estaba allí, pero completa. De los hombros continuaba hacia abajo, hacia la cintura. Y se veía la camiseta. Una prenda desgarrada, irregular, básica. Una camiseta mínima, arrugada, envolviendo un cuerpo púber después de una sesión de tortura.

Los hombros se ven jóvenes, cruzados por las tiras de la prenda. (Los tiempos en la fotografía se superponen, continúan.) La indefensión y al mismo tiempo la belleza de la juventud, asomando entre los trozos de tela tras la paliza. El rostro un poco desencajado, pero aún íntegro. La fotografía amplía, agrega información. Tiene pequeños detalles tan irrelevantes como reales. Permite vislumbrar los pasadizos oscuros que llevan a la pared contra la que se hizo, los ruidos de las cadenas arrastradas al caminar, los grilletes...(otra foto muestra las marcas en las muñecas de las cuerdas de amarrar, en una mujer joven, hermana de otro).

El ligero abrigo que da la camiseta viste al cuerpo en su dolor, lo marca. No es un cuerpo desnudo. Recuerda el taparrabos de otro torturado, en la cruz. Y los pañuelos. Géneros blancos en lugares distintos, retazos.

Me cuentan que hacía gimnasia en la celda, un espacio similar a un chiquero para criar chanchos –convinimos en la charla con Basterra–, con paredes de apenas un metro de alto. Un lugar rectangular, pequeño, del tamaño de una colchoneta, por el que apenas se podía asomar la cabeza. Allí mismo hacían lo posible por charlar. Una colchoneta que sólo tenía gomaespuma y frazadas: ni forro ni sábanas. Lo mínimo, lo que se da a un esclavo, lo básico para subsistir y no morirse de frío, porque las sesiones debían continuar.

Siempre me gustaron las camisetas. Cuando duermo me pongo una, más bien una remera. Esta es distinta, es la clásica, la del barrio, la del carnicero tomando mate. Encima –es de suponer– bastante sucia, con su olor pegado, y sus pliegues, sus sombras y sombritas en la fotografía, pegadas al cuerpo de mi hermano todavía vivo.

Y una cosa le dijeron los nueve a Basterra, un día que consiguieron reunirse con él con la complicidad de un guardia “bueno”, asomando sus cabezas por el hueco de esos cuartuchos. Le preguntaron “qué será de nosotros”. Silencio. Víctor no sabía, no podía ni quería imaginar lo que sería. El había conseguido cambiar de escalafón: ahora era fotógrafo: lo necesitaban para algo más que para darle máquina. “Que no se la lleven de arriba, Víctor.” Eso le dijeron, los nueve, a oscuras. Que no se la lleven de arriba.