martes, 29 de diciembre de 2015

Las historietas que dibujaba Lelia Bicocca, detenida-desaparecida en la ESMA

El humor negro como testimonio del horror

Lelia Margarita Bicocca fue secuestrada en 1977 y durante su cautiverio en la ESMA dibujó la tira Il Capuchino, que permaneció guardada casi treinta años entre los archivos de la Conadep. Ahora la fiscalía la recuperó durante el juicio.

 Por Alejandra Dandan

A Lelia Margarita Bicocca le decían “La Catequista”. Los sobrevivientes de la ESMA dicen que era muy flaquita y nerviosa y que tenía una boca grande con una sonrisa grande. A ella la secuestraron el 31 de mayo de 1977, cuando tenía 48 años. Primero la llevaron a Campo de Mayo, pero en octubre de ese año la vieron con el pelo totalmente blanco en el centro clandestino del Grupo de Tareas 3.3. Lelia dibujaba tarjetas de Navidad antes de llegar a la ESMA. En Capucha, bajo la luz artificial, comenzó a hacer palomas con migas de pan y a dibujar historietas. Il Capuchino es una tira de humor negro con siluetas de palotes, huesos y esqueletos hecha por ella. Las siluetas llevan grilletes en los pies y esposas en las manos. La tira permaneció guardada casi treinta años en una caja de archivos de la Conadep aportada por dos sobrevivientes. Este año esas historietas salieron a la luz durante la declaración de esos sobrevivientes en el megajuicio de la ESMA. La fiscalía rescató de los archivos esas tiras con sus siluetas escalofriantes que emergieron proyectadas durante los alegatos en la sala.

Lelia Bicocca le regaló el dibujo a Beatriz Mercedes Luna, una de las sobrevivientes del centro clandestino que logró sacarlas del inframundo. “Con el pan, Lelia me hacía palomas y hacía historietas. Cuando me fui de la ESMA me llevé un dibujo y unas palomas de migas de pan que se las envié a su familia, en San Martín. Lelia era muy creativa con sus manos y me imaginé que sus padres reconocerían su trabajo. La historieta era un poco macabra. Ella había dibujado esqueletos con mucha ironía, nosotros éramos los esqueletos de esa historieta. No me pareció un regalo adecuado para los padres.” El compañero de Beatriz, Ricardo Camuñas, entregó las copias de esos dibujos que ahora se conocen a la Conadep. Para la fiscal del juicio, Mercedes Soiza Reilly, esos dibujos son poderosos altoparlantes: no solo hablan de las experiencias de resistencias dentro del campo, sino que también son una ventana inédita al interior del centro clandestino.

La historieta comienza como comienzan todos los libros: con los datos de la edición. Un título: Il Capuchino. Ediciones: Grilletes Unidos. Talleres Gráficos: Cucha Cucha. Y también da cuenta del tiempo de impresión: “Se terminó de imprimir un día a la tarde, temperatura primaveral, olores varios. Luz artificial del año 1977”. La tira tiene textos de El Principito y del Martín Fierro, entre otras voces. En la primera viñeta, una de los siluetas canta y toca una guitarra, pero la guitarra no se ve. Lleva grilletes. Y el cuadro remata con una frase del Martín Fierro: “Aquí me pongo a cantar”, en clave de humor y probable alusión a uno de los efectos nocivos de la tortura. En la segunda imagen, a una silueta se le desprende el hueso de una pierna: “Perrito lindo, ¿no?”, dice el cuadro mientras las gotas se transforman en un charco. En la tercera imagen aparece lo que podrían ser señales de tránsito: “Amigo es con quien se puede pensar en voz alta”. O: “Quien camina jamás se detiene”. Luego, sigue otro de sus sufrientes: una silueta de bastones, con los grilletes atados al piso, una esposa en una mano y otra mano extendida. Esta vez, el muñeco no tiene cabeza. La cabeza aparece más allá, como salida del cuerpo. Y ahí, algo aparece, parecido a Lelia, quizá su enorme sonrisa que se ve boca abajo.

Cuando Lelia cumplía cinco meses de detención ilegal, Beatriz ingresó a la ESMA secuestrada. Era el 22 de octubre de 1977: “Yo no sabía dónde estaba –contó Beatriz en la audiencia en la que declaró desde Londres–. Esa tarde permanecí dormida como en un sueño, estaba sin energía, sin comida y cuando me senté me trasladaron a otra parte, donde me hicieron acostar en el suelo. Había una pequeña cucheta. Eran unos compartimientos, a los que en la jerga les decían cuchas. Al lado tenía a una mujer, se llamaba María, y, al lado, había otra, a la que le decían Haydeé, pero su verdadero nombre era Lelia Bicocca. Con ella fue con quién mas hablé los diez días de mi cautiverio. Era una persona espectacular, un ser humano íntegro que inmediatamente me adoptó y me cuidó: yo tenía veinte años”.

Lelia había militado en el PRT-ERP y participaba de la Asociación Cristina de Jóvenes de San Martín. Daba clases de catequismo en su casa y tenía una pequeña librería, cerca de la estación de trenes de Tropezón. Para mayo de 1977, vivía con sus padres, a dos cuadras de su hermano, Jorge Bicocca, que corrió a hacer la denuncia la noche del secuestro. En la Regional de San Martín había veinte vehículos operativos y gente en la calle porque esa noche se habían llevado a “un montón de personas”, dijo él durante el juicio.

En la audiencia, Jorge desplegó fotos de su hermana. En una, Lelia está con una mantilla de misa. En otra, en el bautismo del hijo de su hermano. Cuando uno de los abogados le preguntó a qué se dedicaba ella, él dijo: “Aparte de hacerles bien a todos, tenía un pequeño negocio de librería”. También contó que “militaba políticamente” como su padre, “que era demócrata progresista porque no era ningún pecado trabajar para una idea”. En medio de sus recorridos, el hermano llegó a golpear las puertas en Campo de Mayo, convencido intuitivamente de que su hermana estaba ahí. Lo echaron.

Lelia le habló a Beatriz de las secuelas de Campo de Mayo. Había estado en un sótano húmedo, durante el cual perdió parte de la movilidad de un brazo. “Lelia estaba en muy malas condiciones físicas, sufría artritis o reuma y las condiciones de Campo de Mayo la habían agravado”, explicó. “Todos esos malos tratos hicieron que sus pelos se volvieran totalmente blancos.”
Cuadro a cuadro

Capucha le decían los marinos al espacio de reclusión y permanencia de los detenidos. Las sobrevivientes de la ESMA, lo describen como un lugar con olor “horrible, se siente la muerte, no hay vida, el silencio es total”. Las ventanas estaban tapadas, la luz prendida constantemente, las temperaturas de verano alcanzaban los cincuenta grados. Los marinos tomaron fotografías adentro de la ESMA, microfilmaron documentos y varios sobrevivientes dicen que llegaron a filmar una sesión de tortura que proyectaron a otros a modo de tormento. Los archivos audiovisuales de la ESMA, sin embargo, nunca aparecieron. Víctor Basterra logró sacar de ahí negativos con fotos hechas por el grupo de tareas a los prisioneros, muchos de los cuales están desaparecidos. Pero esos registros fotográficos son de las únicas imágenes conocidas sobre la época de funcionamiento del centro clandestino. En esa misma línea de tiempo y de registros, la fiscalía inscribe ahora estos dibujos.

Para Soiza Reilly, los dibujos también contienen datos. Esta es una de las líneas que estudian en la causa. Con el comienzo de la democracia, los sobrevivientes dibujaron planos del ex Casino de Oficiales en las denuncias ante la Conadep. Lo hicieron los detenidos también de otros centros clandestinos para reconocer los lugares, pero los planos se trasformaron al mismo tiempo en uno modo de documentar cómo eran y cómo estaban compuestos los espacios. Los dibujos de Lelia son pensados en esa dirección: no sólo como un modo de ver el espacio, sino también como pistas o datos sobre presencia de algunas personas.

Al cuarto dibujo, por ejemplo, le falta una pierna. Es una silueta de palo, con dos muletas. Hay un grillete en el único pie y esposas en las manos. Si Beatriz Luna entró secuestrada a la ESMA el día 22 de octubre de 1977 por unos diez días, es probable que haya estado hasta comienzos de noviembre de ese año. El día 27 de octubre de 1977 era secuestrado por el grupo de tareas 3.3 Hernán Nuguer, uno de los 41 estudiantes de Arquitectura detenidos desaparecidos en la ESMA. Hernán había sufrido un accidente en su trabajo a mediados de 1975. Quedó parapléjico, se había ido recuperando de a poco, anduvo en silla de ruedas, con muletas y a mediados de 1977 tenía un auto con comandos que facilitaba sus desplazamiento a la facultad. En esas condiciones fue secuestrado.

El último cuadro evoca a una persona en un ataúd. Hay una cruz en lo alto. Y dos pequeños textos. Para entonces, uno de los sobrevivientes le había escuchado a Lelia responder a uno de los guardias: “Los guardias comentaban que iban a cenar cerdo y ella dijo: ‘Chancho para los chanchos’”.

Graciela y Ricardo entregaron copia en la Conadep de los textos. Enviaron a una persona distinta a casa de los padres con el regalo de la miga de pan. Jorge Bicocca habló de eso en la audiencia: “Una mujer se presentó en casa y dijo que tenía una palomita que había hecho Lelia en cautiverio, alguien la había mandado a lo mejor para que se tranquilizara la familia. Yo me di cuenta que la mujer conocía a Lelia”.

miércoles, 9 de diciembre de 2015

Concluyó el alegato de la Fiscalía : pidieron 52 prisiones perpetuas

Con el pedido de 52 prisiones perpetuas y otras cuatro penas que van desde los 10 a los 25 años de prisión, concluyó el alegato del Ministerio Público Fiscal en la megacausa ESMA.

Matias Pellon

“Los hombres se dividen en dos bandos: los que aman y fundan, los que odian y deshacen”.  Con estas palabras del poeta cubano José Martí, la fiscal Mercedes Soiza Reilly pidió a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 que entren con su sentencia en la historia democrática argentina y que condenen a “los que odiaron y subvirtieron el orden democrático”. 

Así finalizó la última audiencia del año en el juicio por la causa más grande de la historia judicial argentina: la megacausa ESMA unificada, que ventila los delitos de lesa humanidad cometidos contra 789 víctimas. La Fiscalía pidió 52 prisiones perpetuas y otras cuatro penas que van desde los 10 a los 25 años de prisión. Además, solicitó que el Tribunal ordene a los medios de comunicación que rectifiquen las informaciones que, en dictadura, calificaban de “delincuentes subversivos” a quienes en realidad fueron “víctimas del terrorismo de Estado” y así consolidaban la impunidad y el accionar del plan sistemático de desaparición de personas.

Fue una audiencia repleta de público. Algunos debieron sentarse en el suelo para presenciarla. El sábado, en la convocatoria “Ni uno suelto. Defendamos los juicios”, una de las acciones acordadas a micrófono abierto entre quienes se reunieron en Parque Centenario para pedir por la continuidad y la profundización de los juicios de lesa, fue asistir a esta audiencia del juicio ESMA.  

El inicio estaba previsto para las 9:30. Desde temprano familiares de las víctimas y militantes de organizaciones de derechos humanos se fueron acercando a la Sala AMIA de los Tribunales de Comodoro Py. Ahí se hicieron la mayoría de las audiencias, en ese lugar se expusieron las 108 horas de alegatos de la Fiscalía. Sin embargo, la luz del hall de la Sala AMIA estaba apagada. Por un pedido de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal el juicio debió trasladarse al Salón de Usos Múltiples (SUM). El cambio impidió que la proyección de las 789 fotos con los rostros de las víctimas pudiera verse en detalle, al igual que otras imágenes que la Fiscalía había preparado como corolario de su alegato. Pero al iniciarse la audiencia, cada uno de los familiares, sobrevivientes y militantes de derechos humanos presentes en el recinto sostuvieron bien en alto carteles con las fotografías de las víctimas.    

Las penas

Entre los 52 ex represores para los que la Fiscalía pidió perpetua están Jorge “El Tigre” Acosta (74), uno de los mandamases de la Escuela de Mecánica de la Armada y Alfredo Astiz (60) miembro fundamental del Grupo de Tareas 3.3.2 bajo el alias de “Cuervo”, “Rubio”, “Ángel”, “Gonzalo”, “Gustavo Niño” o “Alberto Escudero. 

Mientras la fiscal hilaba en su argumentación los nombres de los acusados, los delitos y las penas pedidas, en las pantallas ubicadas en el Salón de Usos Múltiples (donde se realizó la audiencia) iban desfilando los rostros de las 789 víctimas. Son tantas que no pueden ser nombradas una por una. Pero ahí estaban, sucediéndose en una serie de retratos mientras en el salón resonaban las penas para sus asesinos, Azucena Villaflor, Rodolfo Walsh, Enrique Raab, los Tarnopolsky -una familia diezmada por el terrorismo de Estado-, las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, Alicia Eguren de Cooke, y otros cientos de personas. Estaba la foto en blanco y negro de Ana Rubel Castro, y a pocos metros, entre las filas del público, su hijo Jorge Castro Rubel, el nieto que recuperó su identidad hace exactamente un año, en diciembre de 2014.  

Para el ex secretario de Hacienda de la dictadura, Juan Ernesto Alemann, se pidieron 10 años de prisión por haber presenciado en su visita a la ESMA los tormentos agravados a Orlando Antonio Ruiz; mientras que para Roque Martello se solicitó que sea condenado a 18 años, por la privación ilegítima de la libertad agravada de Laura Di Doménico. Para Mario Pablo Palet  y Julio César Binotti  se pidieron 25 años.

Además en el alegato, el Ministerio Público Fiscal le pidió a los jueces que, en caso de condenar, revoquen las prisiones domiciliarias de los represores y que este beneficio quede sujeto al  correspondiente informe médico. También, que todos sean destituidos de las fuerzas a las que pertenecen. Otro de los pedidos de la fiscalía fue que los jueces soliciten al Poder Ejecutivo que declare de interés cultural los programas “La escuela va a los juicios” (nivel secundario) y “Los estudiantes vamos a los juicios” (universitario) por medio de los cuales los estudiantes asistieron a las audiencias. Por último, la fiscal pidió que la causa ESMA en su totalidad quede preservada y sea declarada de interés histórico y patrimonial, para el fácil acceso de las generaciones presentes y futuras.

“La verdad deberá ocupar el mismo lugar que ocupó la mentira”

“Los medios de comunicación deformaron y falsearon la verdad de lo ocurrido; calificaron a las víctimas del terrorismo de Estado como delincuentes, sediciosos, subversivos, terroristas”. Con esta frase, la fiscal Soiza Reilly introdujo en su alegato un pedido -de concederse- sentaría un precedente en los juicios por delitos de lesa humanidad.

Con réplicas de notas periodísticas de Clarín, La Nación, La Razón, La Prensa, La Opinión, Crónica y las revistas Para Ti y Gente –que se iban proyectando en las pantallas de la sala- Soiza Reilly explicó cómo los medios de comunicación funcionaron como cobertura y parte fundamental del aparato represivo. “Lo que hicieron no es un ejercicio de la libertad de expresión sino que la dictadura realizó a través de los diarios la acción psicológica del plan sistemático”, expresó la fiscal.

Entre los casos emblemáticos se nombró la nota publicada en Para Ti a Thelma Jara de Cabezas, víctima del GT 3.3.2, secuestrada en la ESMA. El 10 de septiembre de 1979, Thelma fue sacada unos minutos de su cautiverio en la ESMA. Miguel Cavallo –que hoy estuvo presente en la sala– le había dicho que tenía que hacer la nota para darles un mensaje a las madres argentinas. Ella estaba detenida-desaparecida desde abril de ese año por buscar a su hijo secuestrado en mayo de 1976 mientras repartía panfletos en una plaza de Martínez. En la nota se la presentó como “una arrepentida que describía cómo la guerrilla había engañado a su hijo”.

El caso de Norma Arrostito fue otro de los mencionados. Secuestrada y trasladada a la ESMA, fue dada por muerta en un parte militar. Los diarios se hicieron eco de esto y la revista Gente en su portada, publicó la foto de la dirigente de Montoneros con la faja que la daba por muerta. Los detenidos desaparecidos que llegaban a la ESMA se sorprendían al verla con vida, exhibida como trofeo de guerra.  

“La verdad deberá ocupar el mismo lugar que ocupó la mentira”, dijo Soisa Reilly al cerrar el pedido a los jueces para que los medios que colaboraron con el ardid de impunidad tengan que revertir hoy y saldar su deuda con la verdad publicando cada uno de los hechos con las rectificaciones pertinentes. Este mismo pedido fue realizado recientemente por el Ministerio Público Fiscal en Bahía Blanca en el juicio en el que se condenó a 18 ex miembros de la Armada por los delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad. 

Al terminar la audiencia, los familiares de las víctimas, sobrevivientes y militantes de derechos humanos, repitieron el mismo gesto con que se había iniciado la audiencia: levantar las imágenes de las personas desaparecidas en la ESMA. Y se quedaron un rato más en la sala aplaudiendo a la fiscal, entre abrazos y lágrimas. Muchos querían acercarse y saludarla personalmente. “Este es un paso más que damos en el camino a establecer las complicidades civiles de la dictadura. Esto no se termina acá y seguiremos avanzando juntos”, dijo Soiza Reilly. En la última parte del alegato, al pedir justicia por delitos que “dejaron huellas y atravesaron a toda la sociedad”, había expresado al tribunal la necesidad imperiosa de reparar, aunque fuera tardía e incompletamente.   
MEL

martes, 1 de diciembre de 2015

Alegatos de la Fiscalía en el juicio por los crímenes de la ESMA : "El GT no tuvo límites"

“El GT no tuvo límites”

Los fiscales Mercedes Soiza Reilly y Abel Córdoba terminaron con la reconstrucción de los crímenes de las 789 víctimas de este megajuicio. “Fueron acciones deliberadas que buscaron desmantelar colectivos políticos”, dijeron.

  Por Alejandra Dandan

“Señores jueces, tenemos pruebas, usamos pruebas, probamos delitos tipificados en la ley vigente al momento de los hechos. Cruzamos información, acreditamos cada una de nuestras afirmaciones”, les dijo la fiscal Mercedes Soiza Reilly a los jueces del Tribunal Oral Federal 5, a cargo de juzgar los crímenes de la ESMA. Con esas palabras pronunciadas mirando a los jueces a los ojos, la fiscalía estableció las garantías del proceso penal de estos juicios en diálogo subterráneo con las voces aisladas que aún discuten su legitimidad. La lectura de hechos caracterizados como actos “descomunalmente malditos”, en palabras del co-fiscal Abel Córdoba, concluyó con la reconstrucción de los crímenes de cada una de las 789 víctimas de este megajuicio. Los alegatos fiscales ingresaron, así, en la última etapa con una proyección del mapa de los crímenes y la descripción de la tipología penal. La próxima semana se hará el esperado pedido de condenas antes de la feria judicial.

Los abogados particulares de los represores de la Armada que están en juicio se saludaron con un efusivo abrazo con ruido en la espalda, después del resultado de las elecciones generales del 25 de octubre. En la audiencia posterior al 22 de noviembre, realizada el lunes 23, el centro de las miradas la ganó el puñado de sobrevivientes y de familiares que se sentaron en la sala dispuestos a sostener simbólicamente la continuidad de estos espacios. Esa mañana corría la noticia sobre el editorial del diario La Nación que volvía a situar a los juicios como escenarios de venganza. Mientras se oían voces de sobrevivientes descorazonados, uno de los querellantes reenviaba uno de los primeros Twitter de repudio al editorial de los trabajadores del diario.

La semana siguió con los alegatos de los secuestros de las víctimas de la última etapa de la Escuela de Mecánica de la Armada, ocurridas entre 1979 y diciembre 1982. Ayer la reconstrucción que se hace en clave de colectivos políticos, familiares y sociales terminó con la descripción del secuestro de René Haidar, el último y simbólico secuestro del Grupo de Tareas de la ESMA. Haidar era uno de los sobrevivientes de la masacre de Trelew e integraba la conducción de Montoneros. Para diciembre de 1982, la ESMA era la ESMA de Oscar Rubén Lanzón. El Grupo de Tareas había pasado a llamarse indistintamente Grupo de Operaciones Especiales de la Armada, y desde fines de 1978, con las organizaciones diezmadas y sus integrantes asesinados o desaparecidos, había empezado a concentrar sus operaciones sobre las fronteras del país y en el exterior.

“El caso de Ricardo René Haidar resulta paradigmático no sólo por tratarse de uno de los últimos llevados adelante por el Grupo de Tareas 3.3 –dijo la fiscalía–, sino también porque Haidar fue un militante histórico del peronismo revolucionario. El operativo incluyó un exhaustivo seguimiento así como la posterior personificación de uno de los miembros del Grupo de Tareas como el de Jorge Manuel Díaz Smith haciéndose pasar por Haidar, que realizó un viaje a Uruguay con esa identidad”.

Las fotos históricas que logró sacar de la ESMA Víctor Basterra documentan el trabajo de inteligencia sobre Haidar en esa ultima época. Las imágenes que lo tomaron de cerca forman parte del Informe Basterra, presentado en la Justicia durante la transición democrática y la Conadep. El GT lo secuestró el 18 de diciembre de 1982 en la Ciudad de Buenos Aires. Tenía 38 años. Le decían El Turco. Hoy permanece desaparecido. Cuando la fiscalía concluyó el alegato del Turco, una de las sobrevivientes respiró con alivio: “Llegamos”, dijo, entre lágrimas.

“Señores jueces están ante la presencia del mapa de secuestros y asesinatos realizados por los aquí imputados”, dijo la fiscal mientras la pantalla de la sala mostraba un mapa de salpicado de manchas. “Sucesos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y que también traspasaron las fronteras de nuestra argentina, nos muestran el poder del GT de la ESMA a partir del golpe de Estado. Testimonios y documentos en este juicio nos muestran que los ilícitos se fueron concatenando de manera temporal. No mostramos casos aislados, sino más bien acciones deliberadas que buscaron desmantelar colectivos políticos que se opusieron al régimen imperante. Secuencias de secuestros analizados en conjunto por lazos familiares o políticos fueron el eje de este trabajo.”

Esta caracterización realizada con la reconstrucción de pertenencias colectivas tuvo varios objetivos simultáneos. En primer lugar fue posible porque la posibilidad de mirar la serie de víctimas en un megajuicio con estas proporciones permitió constar lógicas, y sistematicidades. Diferenciar los modos de operar de la ESMA en sus distintos períodos. Entender que los nombres de las personas desaparecidas que fueron vistas dentro de la ESMA y denunciadas históricamente como desaparecidas, podían contribuir a probar que también habían pasado por ahí quienes formaban parte de sus tramas de relaciones aunque la lógica de la clandestinidad haya impedido que se los viera. Pero además, permitió caracterizar la dimensión del genocidio. En ese sentido, la fiscalía dijo: “Los miembros del GT no encontraron límites. Sin importar la edad de las víctimas, sin importar su grado de vulnerabilidad acometieron contra ellas hasta destruirlas. Jóvenes, niños, monjas, curas, militantes estudiantiles, políticos, sociales, gremiales, madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, todos ellos fueron víctimas de los aquí imputados”, dijeron. “Señores jueces en estos meses, les mostramos las caras de los desaparecidos, sus historias, sus historias de militancias, su compromiso político”. En esta abrumadora reconstrucción, “hemos acreditado que el plan criminal de represión que se organizó desde los altos mandos fue posible gracias al aporte de los aquí imputados quienes fueron parte del engranaje represivo indispensable para que las privaciones ilegales de la libertad, los tormentos, la violencia sexual y la muerte pudieran dejar un número altísimo de víctimas”.

El juicio continuará esta semana con el encuadre penal. La próxima semana, los fiscales leerán los pedidos de imputaciones para los acusados entre los que están los seis acusados de vuelos de la muerte. Las querellas retomarán los alegatos en febrero.

viernes, 27 de noviembre de 2015

Inés Ollero, según la CIDH, un caso paradigmático del accionar de ESMA

Inés Ollero, "el ave más bella de nuestra patria"

La historia de la militante de la Federación Juvenil Comunista que fue desaparecida en la ESMA y que conformó el expediente de habeas corpus que más prosperó durante la última dictadura cívico militar. Hoy, su caso fue expuesto en un nuevo tramo del alegato de la Fiscalía.

Inés Ollero vio venir el 187 y le hizo señas. Llevaba un largo día encima y todavía le quedaba el viaje de vuelta a casa. El interno 13 de la empresa General Mitre se acercó al cordón y frenó en la parada de la estación Lacroze. Inés subió y se acomodó por el fondo. Algunas paradas después, varios obreros de la empresa Grafa subieron al mismo micro. La siguiente parada, en avenida Constituyentes al 5800, fue una pinza del Grupo de Tareas 3.3.2, que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El reloj marcaba las 22:30 cuando el colectivo y todos los pasajeros fueron llevados a la Comisaría 49 de la Policía Federal. Horas después el mismo colectivo dejaba a cada pasajero en la puerta de su casa. Menos a Inés. De ella poco se supo desde esa noche de julio de 1977.

Inés no llegó a casa esa noche. César Ollero, su padre, reaccionó rápido y empezó la búsqueda. Por un lado presentó un habeas corpus que le fue rechazado sin más. Pero además, empezó a buscar al chofer y los pasajeros del colectivo. Con esos datos y el apoyo del abogado Jaime Nuguer presentó un segundo habeas corpus. Y, entonces, comenzó un camino judicial que hoy es prueba irrefutable del accionar de la Marina en el terrorismo de Estado.

“El expediente iniciado por el abogado Nuger, empezaba a concentrar pruebas como ningún otro expediente lo hizo durante la dictadura”, expresó la fiscal Mercedes Soiza Reilly en el tramo de su alegato en el que expuso en una nueva audiencia del juicio por la mega causa “ESMA unificada”. La desaparición de Inés es uno de los 789 hechos que se juzgan y por los que deben responder 56 imputados.

“Un habeas corpus en dictadura”
La práctica habitual durante la última dictadura era cerrar o cajonear los habeas corpus sin siquiera pedir informes sobre las detenciones de los desaparecidos. En el caso Ollero, Nuguer explicó que por una serie de factores, entre los que estuvo la suerte, la investigación avanzó mucho. “Quizás avanzó más que otros habeas corpus, pero no fue el único”, contó y agregó: “Si nos guiamos por los fallos de la Corte, este es el primer caso en el que hay un fallo en dictadura. Lo mismo con los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, este es el primer caso de los cinco o seis en los que condenó formalmente al Gobierno de Argentina. Fue el primero y el más extenso”.  

El recorrido judicial de ese habeas corpus fue narrado y documentado por el propio Nuger en su libro Un habeas corpus en dictadura, editado por Lenguaje Claro, en marzo del año pasado. Ese texto que fue valorado por la Fiscalía en el análisis y armado del caso. “El caso de Inés –la forma en la que está ordenada la investigación en el libro permite una lectura ordenada de los expedientes– le sirvió a la fiscal para evaluar que traduce en documentos judiciales cómo era el accionar de ocultamiento que practicaba la ESMA aún en un caso como en el que era evidente que habían participado activamente en la desaparición”, contó Nuguer. 

El caso de Inés “tenía elementos de prueba accesibles según las posibilidades de la época”, resaltó el abogado y destacó el papel del papá de Inés en esas primeras horas después de la desaparición. “Descubrió en las primeras horas del secuestro cómo fueron los hechos. Pudo tomar contacto con el chofer del colectivo, con algunos pasajeros. Fue a la comisaría, armó un escándalo”, contó el abogado. A mediados de agosto, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) le consultó  a Nuguer si podía presentar el habeas corpus por la desaparición de Inés. Su papá ya había hecho el primer intento, pero había sido rechazado.

“Nos encontramos y preparamos un habeas corpus más desarrollado. Tuvimos la suerte de que en el sorteo nos tocara el juez  Zaffaroni, a quien por entonces no conocíamos, era un juez de primera instancia en lo Penal. Con el correr de los días nos fuimos dando cuenta de que iba dándole impulso a la investigación. Después se cerró y logramos reabrirla cuatro veces”, relató el abogado, que también era militante de la Juventud Comunista al igual que su hermano Hernán, aún desaparecido.

La Corte, la Comisión y la Causa 13

El expediente por la desaparición de Inés llegó a la Corte Suprema de Justicia en plena dictadura. Hasta ese momento, el máximo organismo judicial nunca había fallado en casos de habeas corpus. El 25 de abril de 1978, fue la primera vez. Y Jaime Nuguer se enteró leyendo el matutino La Nación en un taxi. El caso de Inés sentaba un precedente judicial y alcanzaba las páginas de los diarios en plena dictadura. Ese fallo decía que había que profundizar la investigación según lo pedido en el habeas corpus. “A partir de entonces,  avanzamos en dirección a demostrar que el jefe de la ESMA, Rubén Jacinto Chamorro obstruía todo el tiempo la investigación”, recordó Nuguer que resaltó la labor de los fiscales que actuaron en la causa. “En general, fueron favoreciendo las medidas de investigación. Salvo el procurador, Elías Guastavino que específicamente había dicho que se tenía que cerrar el habeas corpus”.

Los avances logrados en la investigación se fueron agotando hacia 1979. Entonces, la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la opción para no dejarla caer. Nuguer y Ollero fueron por ese camino y en abril de 1980, en el informe publicado por la CIDH se consideró el caso como “paradigmático”. Ya en 1982, el organismo condenó a la Argentina por Inés. En el dictamen dejaron explicitado que “Existen pruebas suficientes de que la señorita Ollero fue detenida ilegalmente el 19 de julio de 1977 en un operativo realizado por la ESMA”. Además se recomendó a la dictadura que se tomen las medidas necesarias para establecer el paradero, que se realice una investigación completa e imparcial para hallar a los culpables para que sean sancionados, y se daba un plazo de 30 días para realizar un informe a la Comisión sobre los avances.

Años después, ya en democracia, el expediente fue tomado entre los casos emblemáticos de desapariciones de personas que fueron juzgados en la Causa 13, en el llamado “Juicio a las Juntas”.
Inés, el ave más hermosa

Inés tenía 22 años, estudiaba tercer año de  Biología en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Militaba en la Federación Juvenil Comunista, en el barrio de Almagro. La noche de su secuestro salía de una reunión de militancia. En el colectivo, los represores de la Marina dijeron haber encontrado “panfletos partidarios subversivos”. Nuguer contó a Infojus Noticias que ellos estiman que eran prensas del Partico Comunista. Sobre esto se interrogó a los pasajeros. Inés fue la única que quedó detenida de manera ilegal y fue trasladada a la ESMA. Ahí, corrió la suerte de la mayoría de los detenidos desaparecidos: vejaciones, torturas, hasta el día que fue “trasladada”. Aún está desaparecida.

“Inés estudiaba y trabajaba. Tenía la decisión y la voluntad de ser protagonista de su tiempo. Militaba en la Juventud Comunista. Provenía de una familia de trabajadores que compartían sus elecciones. Cuando el terrorismo de Estado la secuestró su padre, como muchos otros padres, salió a enfrentarse con ese enemigo con mucha valentía al punto que  no  dudó en ingresar a altas horas de la noche a la ESMA a entrevistarse con el almirante Chamorro su director. Estaba convencido que Inés estaba ahí. Y después se demostró que era cierto por el testimonio de una sobreviviente”, recordó Graciela Rosenblum, miembro de la LADH, que mantuvo contacto permanente con el padre de Inés durante su búsqueda.

Graciela contó  que el poeta José Murillo escribió más de un verso para Inés: “Hay una estrella que los estudiantes de la universidad de La Plata le pusieron el nombre de Ana Diego. Debería haber un ave, la más bella de nuestra patria, que lleve el nombre de Inés Ollero”.
“Lo más importante es que el vuelo de Inés no ha terminado. Su caso es parte de este  juicio en el que una parte de sus verdugos serán condenados; Cuando ya nadie se acuerde ni de Videla, ni de  Massera, ni de  Chamorro o como se llamen los genocidas, los nombres y los rostros  de nuestros compañeros habitaran en la camiseta de algun chico, en nuestras plazas y calles,  cuando miremos las estrellas o veamos volar el ave más hermoso”,  concluyó Graciela.

viernes, 6 de noviembre de 2015

“Il Capuchino”: la historieta que cruzó los muros de la ESMA

El arte de “la catequista”, como la llamaban sus compañeros de cautiverio
Fue sacada por sobrevivientes. Allí Leila Bicocca habla de su cautiverio y del de sus compañeros. Los originales de esos dibujos están en expediente que llegó a juicio oral, donde se juzgan 789 hechos y tiene 56 acusados entre los que están Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta.
  • Reproducciones de dibujos de Leila Bicocca
  • Reproducciones de dibujos de Leila Bicocca
  • Reproducciones de dibujos de Leila Bicocca

Por: Juan Carrá
El trazo simple delinea un hombre hecho de palotes. En una de las viñetas estira los brazos con dedos de esqueleto y muestra el grillete que lo tiene cautivo. En otros le falta un pie o la pierna entera. También, el esqueleto de palotes, aparece metido en una tumba con cruz. Frases de El Principito, de El Martín Fierro y otras como “Amigo es aquel con quien se puede pensar en voz alta”, acompañan los dibujos. Así se ve el único ejemplar de “Il Capuchino”, la historieta hecha en la Escuela de Mecánica de la Armada por Lelia Bicocca hoy aún desaparecida. Diez páginas que salieron del centro de exterminio en manos de sobrevivientes. Diez páginas –a las que Infojus Noticias tuvo acceso– que hablan, que gritan, una historia de resistencia. Diez páginas que forman parte del expediente de la Causa ESMA unificada y que ayer fueron expuestas por la fiscal Mercedes Soiza Reilly en la continuidad de su alegato como una prueba irrefutable del paso de Lelia por las mazmorras de la Armada.
En la primera página de Il Capuchino, Lelia presenta su editorial. Dice que la edición es de “grilletes unidos” y que los autores son “esposas varias”. La impresión hecha en los “Talleres gráficos: Cucha-cucha”. También deja la marca de temporalidad que necesita toda edición: “Se terminó de imprimir un día a la tarde, temperatura primaveral, olores varios. Luz artificial del año 1977”. Y basta con leer estos breves textos para encontrar el mensaje que trascendió los muros: Lelia habla de su cautiverio, del de sus compañeros. De lo que les tocó vivir dentro de la ESMA. Incluso desde su título alude al sector “Capucha” lugar donde eran retenidos los detenidos desaparecidos. En una de las viñetas al esqueleto le falta un pie. Gotea sangre de la extremidad incompleta. Abajo la letra de Lelia dice: “perrito lindo ¿no?”. 
El próximo lunes seguirá alegando en el juicio conocido como “Causa Esma unificada”, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital iniciado en marzo de 2013. En él se ventilan 789 hechos y tiene 56 acusados entre los que están Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta. En el proceso se unificaron diferentes tramos de la megacausa ESMA, identificados con los números de causa 1282, 1349, 1415, 1492, 1510, 1545, 1668, 1689 y 1714, en los que se investigan el período del año 1976 en adelante y la investigación denominada “Vuelos de la muerte”.
Paloma mensajera
Poco y nada sabía Jorge Bicocca de su hermana. De nada habían servido las cartas y las visitas a cuarteles. Lilia era una más de los miles que habitaban ese lugar incierto que el terrorismo de Estado había fundado como mecanismo de aniquilamiento: Lilia era una desaparecida. Pero él no bajó los brazos. Siguió buscando y supo que un matrimonio sobreviviente de la ESMA había hablado de ella. Ese mismo matrimonio era el que, por medio de una amiga, le hizo llegar a Jorge una paloma hecha con miga de pan con el mensaje de que Lelia la había hecho durante su cautiverio en la ESMA
Il Capuchino y la paloma no fue lo único de Lelia que traspuso los muros de la ESMA. Una muñeca de trapo salió en brazos de la sobreviviente Beatriz Mercedes Luna. Ella y su compañero de entonces, Ricardo Antonio Camuñas, fueron los que atesoraron esos fragmentos de memoria.
En noviembre del año pasado, en una video-conferencia que unió Londres con los tribunales de Comodoro Py, Beatriz contó su cautiverio y habló de Lelia: “Me trasladaron a la zona de mujeres. me hicieron acostar en el suelo, creo que había una pequeña colchoneta, estaba en unos compartimentos que en la jerga se llamaban ´cuchas´”, contó Beatriz y la referencia a los “talleres gráficos cucha-cucha”, que Lelia marcó en Il Capuchino se hace notable.  La sobreviviente contó que a su lado había una mujer a quien llamaban internamente ´Haydée´. “Ella me contó que su verdadero nombre era Lelia Bicocca”, dijo.
También contó que Lelia fue la persona con la que más habló durante sus diez días de cautiverio.  “Era una persona espectacular, un ser humano íntegro, que inmediatamente me adoptó, me cuidó. Yo tenía 22 años, pero representaba físicamente mucho menos. Ella fue para mí de una condición humana única, tenía una actitud de protección todo el tiempo, me explicaba cada una de las cosas que sucedían ahí adentro”, relató y confirmó además que antes de estar en la ESMA, Lelia había pasado por Campo de Mayo".
Letras y arte
Lelia tenía 44 años cuando se la llevaron de la casa de Calle 56  N 5817 en San Martín. Ahí vivía con su padre. La madrugada del 31 de mayo de 1977 un Grupo de Tareas era del Ejército, que tenía entre sus filas a miembros de la Brigada Zona Centro de la Policía, entró a la casa sin orden y con violencia. La buscaban a ella. Su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) la había convertido en blanco para el terrorismo de Estado. También su labor pastoral como catequista de la Asociación de Jóvenes Cristianos de San Martín. Lelia estaba cerca de la gente. Y eso para la dictadura cívico militar era peligroso.
Jorge declaró en el juicio que los miembros del GT subieron las escaleras de la casa diciendo que iban a “detener a Lelia Bicocca, que no le iba a pasar nada, que iba a estar en averiguación de antecedentes y que luego la iban a devolver a su domicilio”. Jorge vivía a dos cuadras de ahí, su padre fue a buscarlo apenas la patota salió con Lelia secuestrada. “Fuimos a la Regional de San Martín, había como veinte vehículos que habían sido utilizados para un operativo, porque esa noche se llevaron un montón de gente de San Martín. Al día siguiente empezamos a buscar el paradero de mi hermana”, relató Jorge ante el Tribunal que juzga el caso de la desaparición forzada de su hermana.
Lelia era dueña de una librería en la zona de la estación Tropezón del Ferrocarril Urquiza, ahí, en el límite de los partidos de San Martín y Tres de Febrero trabajaba cada día. A Lelia le gustaban los libros, el arte. Y eso sobrevivió a la barbarie. Su letra, su arte.
JC/PW

jueves, 15 de octubre de 2015

Angela Urongo Raboy sobre los juicios y la reconstrucción de las historias personales

“La verdad sale a la luz”

Como sus sobrinos, Angela Urondo Raboy pasó por un hogar de menores durante la última dictadura, en su caso en Mendoza. “De a poco nos vamos dando cuenta del dominio que tenían las fuerzas represivas sobre los espacios de menores”, señala.

 Por Alejandra Dandan

El 17 de junio de 1976, Angela viajaba con sus padres Francisco “Paco” Urondo y Alicia Raboy, y con René Ahualli en el auto que fue interceptado y atacado a balazos en Mendoza. A Urondo lo asesinaron a golpes. Alicia fue secuestrada y trasladada a la D-2, está desaparecida. René escapó. Angela pasó por la D-2 y fue encontrada veinte días después por su familia en la Casa Cuna. En ese momento, ella tenía once meses, poco menos que sus sobrinos secuestrados en diciembre de ese año por una patota de la ESMA en Buenos Aires y trasladados a un instituto de menores en Moreno (ver nota central). “De a poco nos vamos dando cuenta de esto: del dominio que tenían las fuerzas represivas sobre los espacios de menores. Los hogares de menores eran parte del Estado. El Estado era un Estado genocida. Y ahí había partícipes también de la Justicia.”

En Comodoro Py acaba de terminar el alegato con la reconstrucción del asesinato de su hermana mayor, Claudia Josefina Urondo de Koncurat; de su cuñado El Jote Mario Koncurat, y el traslado de sus sobrinos durante 40 días al hogar de menores.

–¿Qué significó escuchar el alegato?

–Me llevo la síntesis de todos los granitos de arena que fuimos aportando a lo largo del juicio. Cuando sufrimos la desaparición de mi hermana y de mi cuñado, teníamos las sospechas de que habían llegado muertos a la ESMA por algunos dichos, pero además tuvimos que buscar a mis sobrinos que quedaron en un hogar de menores con un nombre falso. Hasta ahora teníamos la hipótesis de que podría haber un nexo entre el Hogar Riglos y la ESMA. Esto se fue confirmado a través del testimonio de Torres de Tolosa. Por el Riglos pasaron un montonazo de chicos y creo que esto abre la puerta para que se empiece a investigar un poco mas fuerte la responsabilidad del genocidio sobre estos chicos que estaban judicializados.

–¿Cómo fue eso?

–No puedo dejar de hacer un paralelo con mi propio caso en Mendoza ya que a mí me pasó algo prácticamente igual. Yo también estuve en un hogar de menores después de haber estado en un centro clandestino. Después del operativo por el cual matan a mi papá y desaparecen a mi mamá. Hace 15 años tuve oportunidad de estar en ese hogar y encontré que no figuraba en el libro de entradas, pero que el libro de entradas estaba adulterado. Le habían arrancado las tres primeras páginas, las habían reconstruido y habían simulado algunos poquitos ingresos durante los años de la dictadura. Y yo no figuraba. La primera respuesta que me dieron es que yo no había estado ahí. Insistí porque tenía recuerdos de ese lugar y apareció un legajo que confirmaba que yo había estado ahí y entonces se dieron cuenta de que había un montón de información que no estaba bien socializada. Que había muchos chicos que iban a preguntar por su historia. De a poco nos vamos dando cuenta de esto: el dominio que tenían las fuerzas represivas sobre los espacios de menores. Yo sé que mientras estuve en el hogar hubo custodia armada. Sabían perfectamente quién era yo, sin embargo eligieron ponerme un nombre ficticio: Marisol, llamarme NN y no devolverme inmediatamente a mi familia sino esperar a que la familia me encuentre de casualidad. Encuentro una relación estrecha entre estas modalidades: los hogares de menores eran parte del Estado. El Estado era un Estado genocida. Y ahí había partícipes también de la justicia. No digo que todos. Porque está claro que (Gonzalo) Torres de Tolosa lo era, pero tengo mis dudas sobre el juez que fue quien publicó el pedido de paradero de los familiares de estos nenes.

–¿Qué cambia saber esto?

–Mis sobrinos figuraban como niños abandonados hasta hace muy poco. Hasta que en este juicio empezamos a atar los cabos. Pienso que hay muchos que pasaron por hogares y están bajo esta misma forma y no es real. Yo misma figuraba como abandonada por mis progenitores en mi causa de adopción.

–¿Creés entonces que continúa habiendo correlato entre la verdad y la justicia?

–Estos juicios sacan la verdad a la luz, ¡por supuesto! A mí me pasó personalmente, los testimonios de mi familia los escuché antes. Los charlamos siempre, sin embargo en el momento de declarar siempre aparecen cosas nuevas. Una fibra mas finita del entramado. Cada vez que escucho testimoniar a alguien sobre nuestros familiares descubro cosas que no había encontrado antes. Cada cual aporta su granito de arena y quizá cuando uno ve separados los fragmentos no encuentra el valor que en realidad tienen en su marco de contexto. Está claro que uno no tiene conciencia del valor que tienen las cosas hasta que encuentra ese correlato en el relato de otro. Está claro que acá no hay ninguna forma de espectacularización: estamos construyendo las historias acá, en este momento, in situ. Y la verdad va saliendo a la luz, por eso es tan importante la Justicia: porque mas allá de que nosotros pudimos ir reconstruyendo parte del entramado a nivel social, el marco del Estado es importantísimo, el marco de la Justicia le está dando esta formalidad a los hechos y nos ayuda a entender.

–En el caso de tu hermana, hay documentos que muestran la persecución sobre ella y sobre su esposo desde 1971. Digo, hay un Estado aportando datos sobre ese pasado.

–El Estado enjuiciando al Estado es todo un paradigma, con sus contradicciones, pero es un paradigma de esta época, un significante positivo de la democracia. La democracia no es democracia hasta que no ocurren estas cuestiones. Mientras el Estado permitió el período de impunidad tan largo que tuvimos que vivir después del genocidio... siempre los pienso como crímenes aparte. El genocidio fue un crimen de la dictadura, pero la impunidad un crimen de la democracia. El genocidio es un crimen irreparable pero la impunidad evidentemente no. Desde lo simbólico, claro. Se nos murieron un montón de genocidas y de querellantes. Pero desde lo simbólico estamos insistiendo en la historia del genocidio de este país y me parece que eso le hace bien a la democracia, le hace bien al mundo, porque estamos a la vanguardia del juzgamiento ya que no existe país que haya juzgado tan profundamente sus crímenes de Estado. Los años de impunidad estuvimos con las tragedias personales entre las manos, haciéndole el reclamo a la sociedad y al Estado de que esto era una tragedia colectiva y me parece que con los juicios esto vuelve a circular, vuelve a hacer parte de todos.

La historia de Nicolás y Sebastián Koncurat, enviados a un Instituto de Menores, después del asesinato de sus padres

En el instituto, a disposición de la ESMA

En el juicio oral por los crímenes de la ESMA, el acusado Gonzalo Torres de Tolosa, que entonces trabajaba en un juzgado, confesó que pidió “autorización” a la plana mayor del grupo de tareas para devolver a los niños a su familia.

 Por Alejandra Dandan

Entrado en etapa de alegatos, el juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada está reconstruyendo los últimos secuestros del año 1976. Entre ellos, los asesinatos de Mario “El Jote” Koncurat y de su esposa Claudia Josefina Urondo de Koncurat, hija del poeta Francisco “Paco” Urondo para entonces ya asesinado en Mendoza. Los crímenes de Mario y Josefina entraron en el juicio ESMA con algunas hipótesis pero la suma de testimonios, la revisión de documentos del archivo y la inesperada declaración de uno de los imputados revelaron algunos datos e hicieron que la verdad saliera a la luz allí, in situ.

Mario y Josefina no fueron trasladados con heridas a la ESMA, sino tal como sospechaba la familia, los asesinaron en el operativo del 3 de diciembre de 1976. Pero el dato más inesperado fue sobre sus hijos: Nicolás y Sebastián, de 2 y 3 años, habían sido llevados al Instituto de Menores Mercedes de Lasala y Riglos de Moreno. Estuvieron allí cuarenta días todavía oscuros. Hasta ahora sólo existía la hipótesis de que habían sido víctimas del Grupo de Tareas de la ESMA, pero faltaba saber cómo había pasado: el juicio lo reveló.
Pieza a pieza

Sebastián y Nicolás declararon en el debate. Nicolás llegó a la audiencia con unos papeles del Riglos, parte de su legajo, recuperado en los archivos del Ministerio de Desarrollo Social. Sebastián contó su reconstrucción de lo que había pasado con ellos dos ese viernes 3 de diciembre de 1976, a la tarde, cuando el grupo de la ESMA ya había interceptado a sus padres y, como dice el alegato, “comenzó a disparar contra ellos infringiéndoles heridas que les ocasionaron la muerte”. Sus cuerpos fueron trasladaron sin vida a la ESMA. Ese viernes era el tercer día que los niños iban a una nueva escuela, el Jardín de Infantes de la calle Pasaje El Maestro 155 de Caballito. Llevaban otro apellido, por razones de seguridad. “De acuerdo al relato que reconstruí con mis tíos y abuelos –dijo Sebastián– ese viernes, era el tercer día que nos llevaban a ese jardín. Nuestros padres nos dejaron ahí y nunca nos volvieron a buscar. El lunes, la directora nos volvió a llevar al jardín y mis padres no aparecieron, entonces nos llevó a la policía. Un juez de menores nos destinó al hogar Riglos de Moreno. Estuvimos 40 días y tengo un recuerdo emocional de mucho maltrato. Mi abuela después me preguntaba por qué me cubría cada vez que me retaba. Después entendí que había sufrido violencia física o emocional en ese lugar.”

Con estos datos, ingresó el “caso” a juicio. “El caso de los menores Koncurat ingresa en este juicio con la posibilidad de que los niños hayan sido trasladados al campo de exterminio junto con sus padres”, dice la fiscal Mercedes Soiza Reilly que con Guillermo Friele llevan adelante la acusación. “Sabíamos que los niños habían sido parte del horror y víctimas del Grupo de Tareas pero el tema era saber qué había ocurrido concretamente con ellos. Cuando Nicolás acercó las fotocopias del expediente en la audiencia, los documentos que pudo recuperar del Ministerio de Bienestar Social sobre los días que junto a su hermano habían estado alojados en el Instituto de Menores Riglos, nosotros solicitamos la incorporación de esos papeles al debate y la remisión de los expedientes. Con los papeles en la mano, advertimos que podía caber la posibilidad de que para la Navidad de diciembre de 1976 uno de los menores haya sido retirado del Hogar por una persona porque del expediente surgía una constancia según la cual un hombre se había llevado a uno de los niños. Ese fue nuestro primer norte: podía haber ocurrido que los menores hayan sido llevados a la ESMA ante sus padres con el objeto de conseguir información y atormentarlos dentro del centro clandestino, ante su presencia. Hasta ese momento, eso podía ser posible porque hasta donde sabíamos por los dichos de uno de los sobrevivientes, el padre de los chicos había llegado herido pero vivo a la ESMA”. Esto empezó a cambiar con el correr de las audiencias.

Los hermanos Koncurat estaban anotados en el jardín con el apellido Campolongo. Durante el fin de semana, dos docentes se los llevaron a sus casas. El lunes 6, como dijo Sebastián, la directora los llevó a la comisaría 10a. Los chicos quedaron a disposición del Juzgado Correccional de Menores de Jorge Muller que decidió trasladarlos al Riglos. El 18 de diciembre, el juzgado dejó la causa: se declaró incompetente por entender que podía haber un delito de abandono de familia. El trámite pasó, así, al juzgado criminal de instrucción 9 a cargo de Oscar Hermelo. El secretario tutelar de ese juzgado era Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa, abogado, uno de los dos civiles imputados en la megacausa, denunciado por Adolfo Scilingo como parte de los tripulantes de los vuelos de la muerte y a quien identificó como el “Teniente Vaca”.

En junio, Torres de Tolosa pidió ampliar su declaración. Es uno de los pocos imputados que suele estar sentado en las audiencias. Lleva gorro de lana negro en la cabeza, aun dentro de la sala. Está con prisión domiciliaria. Tiene abogado defensor oficial. Ese día se peleó con su abogado porque, dijo, no lo dejaba declarar. En la intervención, pidió a los jueces que lo manden preso. Lloró. Hizo un poco de show. Pero los fiscales anotaron algunos datos. Uno, sobre Mario y Josefina: dijo que los había matado el GT. Dos, el más importante, sobre sus hijos: explicó que por sus funciones tuvo contacto con el abuelo de los niños que iba recorriendo distintos juzgados buscando información. Al notar, según sus dichos, que los niños Campolongo eran en realidad Koncurat Urondo fue a la ESMA a “consultar” al Tigre Jorge Acosta sobre el caso. Acosta lo mandó a ver a Francies William “Pablo” Whamond que “estaba en pleno conocimiento de la situación” y que confirmó que los niños eran ellos. En ese contexto, pidió autorización a Acosta para devolverlos a la familia. Habló con el juez y los niños fueron devueltos a la familia.

Los fiscales lo escucharon. Tomaron nota. Dicen que Torres de Tolosa parece obsesionado con los Koncurat. Que es de lo único que habla. “¿Que pasó cuando declaró Torres de Tolosa?”, dice Soiza Reilly. “Nos contó la historia y todo cerraba. Confirmó la muerte de los padres de los niños en manos del GT. Confirmó que los menores estaban a disposición de su secretaria tutelar. Y, confirmó, especialmente, que fue a la ESMA, habló con Acosta, que lo mandó a hablar con Whamond y no solo dio detalles del operativo sino que confirmó que los menores –que hasta ese entonces se llamaban Campolongo– eran los chicos Koncurat. Nosotros sostenemos que Torres de Tolosa fue a buscar aprobación del GT para entregar a los niños, que se hallaban sustraídos, retenidos y ocultados a disposición de la Armada, usando como lugar de cautiverio la propio la institución del Riglos. A tal punto, que después de esa charla los menores fueron restituidos a su familia biológica.”

Durante el alegato, la fiscalía señaló, de hecho, que Torres de Tolosa fue a “solicitar autorización” a la ESMA “para entregar a los menores a sus abuelos maternos que los estaban buscando”.

Y cuando obtuvo ese acuerdo, el juzgado “autorizó la entrega, el 10 de enero de 1977, y que luego de permanecer 40 días bajo el control militar de los miembros del GT 3.3 de la Armada, Sebastián y Nicolás fueron restituidos a sus abuelos paternos”. La fiscalía acusó a 17 represores por los cargos de sustracción, retención y ocultamiento de los dos menores de 10 años. Entre los imputados nombró a Torres de Tolosa pero también a los represores más simbólicos de la ESMA como Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Miguel Fotea, Antonio Pernías y Jorge Radice. Todos fueron también acusados por los asesinatos de sus padres: “por el homicidio doblemente agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas”.

lunes, 21 de septiembre de 2015

Murió Oscar Lazón, juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA

Un represor asfixiado en su domicilio

Tuvo el mismo status de Jorge “El Tigre” Acosta como jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3. Estaba con prisión domiciliaria, al cuidado de su hijo. Ayer apareció muerto, aparentemente por un cuadro de asfixia provocado por humo. Harán una autopsia para confirmarlo.

 Por Alejandra Dandan

Oscar Rubén Lazón era una persona especialmente violenta. De bigotes, pelo negro y piel blanca, los detenidos desaparecidos de la Escuela d Mecánica de la Armada recuerdan sus ojos marrones cuando les hablaba con un vaso de whisky en la mano. Tuvo el mismo status de Jorge “El Tigre” Acosta como jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3, en períodos distintos. Sucedió a Luis D’Imperio a fines de diciembre de 1979. Venía de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Armada (JEIN). Usaba el nombre de cobertura de Horacio Gurati. Fue parte de la ESMA que volvió a endurecerse hacia adentro y hacia afuera, sobre los sobrevivientes bajo libertad vigilada. Cuando llegó, ordenó el traslado del grupo Villaflor. Participó de la apropiación de Laura Ruiz Dameri. Pasó más tarde por la Escuela de Guerra Naval en España, destino de cobertura para tareas de inteligencia. Vivió escondido hasta 2003, cuando una investigación periodística lo descubrió en México. Murió en las primeras horas de ayer en su casa por un todavía supuesto cuadro de asfixia provocado por humo. Su hijo era garante de sus cuidados. Fue quien avisó al Tribunal Oral Federal 5, que lo estaba juzgando por primera vez en un juicio que se acerca al final, luego de casi cuarenta años, por delitos contra más de 170 personas.

“¡Otro más que se nos va impune!”, dice Víctor Basterra, sacudido por la noticia. Lanzón fue denunciado tempranamente por los sobrevivientes, pero no tenían su nombre real. Su imagen en cambio fue presentada en la Justicia en 1984 como parte del informe Basterra, que contenía las fotos de los represores que Basterra logró sacar de la ESMA. “En general no me alegro con estas cosas, no me gusta que no les toque lo que les tiene que tocar, que es la justicia –dice–. De alguna forma, con la muerte zafan.”

Los jueces del TOF 5 recibieron la noticia por un llamado de su hijo. Lanzón estuvo detenido en el penal de Marcos Paz pero fue beneficiado con la prisión domiciliaria con el acuerdo de las partes. Según la información del TOF, tenía problemas de equilibrio físico y ciertos desequilibrios emocionales, que generaban problemas de logística como la necesidad de compañía permanente. Esos problemas, sin embargo, no le impedían comprender ni que siguiera en juicio. Fue examinado con todos los acusados antes del comienzo de los alegatos. Estaba representado por un defensor oficial. Su hijo era el encargado de controlarlo. Llamó para informar que su padre murió por asfixia aparentemente causada por humo. La investigación quedó en manos de la fiscalía de instrucción de Ana Yacobucci. Intervino la Comisaría 39ª con quienes se comunicaron los secretarios del TOF. Durante el día, Bomberos trabajó en la casa para hacer un informe. Su cuerpo quedó en la morgue judicial para la autopsia. Anoche, la información más importante todavía era escasa. Con los antecedentes del caso, se intenta saber si la muerte fue producto de un accidente o hubo algo intencional de su parte. Tampoco se sabía si el hijo estaba en la casa en ese momento. Es posible que no, creen en el TOF, un dato que explicaría también las razones de un accidente.

Pero todo esto aún no se sabe. Sobrevivientes, fiscales y querellas quedaron inquietos. Basterra recordó a el caso de Horacio Estrada, sucesor de Jorge Vildoza en la ESMA, primero difundida como suicidio y luego sospechada de “suicidado”. Andrea Bello recordó a Héctor Febres, muerto por envenamiento. “Lanzón llegó a la ESMA cuando estaba en todo su esplendor represivo, por decirlo de alguna forma –explicó–. Vamos a evaluar ahora la información del juzgado a ver si hacemos algún pedido. Pero en un juicio tan largo como éste, cuando estamos entrando en los tramos finales y llegando a la sentencia, no es oportuno tener situaciones que no estén claras. Si efectivamente tenía problemas de esta naturaleza debería haber estado bajo algún recaudo mayor.” Desde la fiscalía también esperan los resultados de la autopsia que definirá la extinción de la acción penal. Pero el fiscal Guillermo Friele resaltó sobre todo la impunidad “como resultado de la demora de todos las etapas procesales incluidas en esta etapa de alegatos. Se siguen muriendo las personas tanto en la cárcel como en las casas, sin que se logre condena”.

Lanzón participó de la estructura represiva de la ESMA entre 31 de diciembre de 1979 al 28 de septiembre de 1981. Así lo describió la fiscalía. Tuvo como destino JEIN. Fue jefe del departamento de Inteligencia del Grupo de Tareas y tuvo calificaciones de Horacio Estrada y Edgardo Aroldo Otero, el sucesor de Jacinto Chamorro en la dirección del GT.

Lazón también era investigado por la apropiación de Laura Ruiz Dameri, hija de Silvia Dameri y Orlando Ruiz. Ellos fueron secuestrados el 4 de junio de 1980 con sus dos hijos mayores. Laura estaba embarazada de cinco meses. Dio a luz a una niña, Laura, en el sótano de la ESMA apropiada por el prefecto Juan Antonio Azic.

jueves, 3 de septiembre de 2015

El alegato de la Fiscalía por los vuelos de la muerte desarmó los argumentos del aviador acusado

“Está probada la participación de Poch”

La fiscal explicó qué lugar ocupaba Julio Poch en la estructura represiva y que estaba capacitado para tripular aviones de pasajeros.

 Por Alejandra Dandan

Varios esperaban ver al piloto Julio Poch, con su cartel de “soy inocente” escrito a mano, para las pantallas, en español y holandés. Pero no. El hombre que fue oficial piloto de una de las escuadrillas dependientes del todopoderoso Comando de Aviación Naval de la Armada no estuvo en la sala. Estuvo su abogado defensor, Gerardo Ibáñez, que iba moviéndose inquieto en la silla mientras avanzaba el alegato, histórico y demoledor, contra su defendido. “Se encuentra probada no sólo la materialidad de los vuelos de la muerte como mecánica represiva utilizada por las Fuerzas Armadas, en especial por la Escuela de Mecánica de la Armada, sino también la participación de Julio Poch en estos aberrantes crímenes”, explicó la fiscal Mercedes Soiza Reilly, dedicada hace una semana al tramo vuelos de los alegatos por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA.

“Como parte de las estructuras represivas de la empresa criminal conjunta, Julio Poch tripuló, en su calidad de oficial piloto y como miembro de la Aviación Naval de la Armada Argentina, aviones que eran utilizados en el sistema de eliminación física de personas, denominados ‘vuelos de muerte’, metodología utilizada en la última dictadura militar para deshacerse de las víctimas que habían sido privadas ilegalmente de la libertad por el Grupo 3.3 de la ESMA, que fueron trasladadas desde esa dependencia naval a distintos aeropuertos o bases militares con pistas de decolaje, donde las ingresaban en las aeronaves de las cuales posteriormente eran arrojadas al agua con vida en pleno vuelo.”

Esta imputación, que a la vez intentó dejar sentada la mecánica de los vuelos de la muerte, es el centro de lo que la fiscalía intenta dejar asentado en este tramo del debate. Los fiscales –además de Soiza Reilly ejerce Guillermo Friele– están haciendo la reconstrucción de los vuelos en dos direcciones. Una histórica, compuesta por los primeros indicios que se fueron conociendo sobre esta mecánica y otra, que apunta a mostrar a los seis imputados de este juicio como eslabones de la estructura secreta de la Armada que proveyó de aeronaves y tripulantes al grupo de tareas. Es decir, reconstruir la estructura criminal de la que dependieron los pilotos. Y ahí está el funcionamiento del Comando de Operaciones Navales (COOP), órgano central en la estructura operativa, con sede justo debajo del comandante en jefe de la Armada. El COOP distribuyó hombres y recursos. De él dependieron las Fuerzas de Tareas de la Armada, entre ellas las de la ESMA y las dos áreas claves para los vuelos: el Comando de Aviación Naval (COAN) y la División de Aviación de Prefectura (DIVA). Poch integró una de las escuadrillas que dependieron del COAN.

El piloto argentino con ciudadanía holandesa llegó a ser investigado en esta causa por una confesión brindada a sus compañeros de trabajo, durante una cena de despedida en la ciudad de Bali, en Indonesia, en 2003. Según los testigos, Poch dijo haber participado de los vuelos de la muerte. Y cuando, impactados, le preguntaban sobre eso, él aseguró que se trataba de “terroristas”, que había habido una “guerra” y que deberían estar todos muertos. Quienes hicieron las denuncias recibieron todo tipo de presiones estos años. Hasta que los hostigadores, amigos y conocidos de Poch, fueron frenados por una causa en Holanda. Poch y el coro de quienes lo acompañan hablaron de “caza de brujas” y procesos sin justicia.

Poch mismo dice que es inocente. Que lo que dijo no lo dijo. Invocó a errores de interpretación por parte de quienes lo escucharon en aquella cena, y los atribuyó a la cruza de inglés y holandés. Pero más acá, ya comenzada la causa, también negó cuestiones más técnicas. Dijo que mientras estuvo en la Armada no participó de la “lucha contra la subversión”. Que no estaba capacitado para hacer vuelos con aviones de pasajeros, sino solo naves de “caza y ataque”. Y que estaba preparado para acciones de guerra convencional y no interna.

La fiscalía tomó uno a uno esos argumentos y, literalmente, los demolió: no usó sus confesiones sino documentos desclasificados –que fueron proyectados en la sala– provistos por los ministerios de Defensa y de Seguridad, uno encargado de los archivos de las Fuerzas Armadas y el otro, de los de Prefectura.

Uno de los primeros datos sobre Poch fue que sí intervino en la estructura represiva: un ejemplo presentado es el Operativo Sirena. El dato está en el legajo de Poch. “Esto descarta la ajenidad aludida por Poch antes y durante el debate”, dijo la fiscal. “Poch dijo que estaba preparado para la guerra convencional, nosotros hemos acreditado que esto no es cierto: que también participó en lo que ellos llamaron ‘guerra interna’”. Poch negó el carácter antisubversivo del Operativo Sirena. “Pero los documentos desclasificados y la prensa de la época no dicen lo mismo”, retrucó Soiza Reilly. Poch y los testigos convocados por la defensa restaron valor a ese operativo “evidentemente” –siguió la fiscal– porque el Sirena era “un operativo represivo por excelencia, gestado por la Armada Argentina en la lucha contra la subversión”. Para eso citó dos elementos. El testimonio en calidad de perito de la especialista Laura Guembe, que trabajó en ambos ministerios,, dejó en claro que el Sirena fue un operativo conjunto de fuerzas áreas navales argentinas y paraguayas y que entre otras actividades hizo “control poblacional”. Poch presentó como inocuos esos controles. Guembe dijo que el “control poblacional” estaba explicado “en los reglamentos de manera bien clara, no solamente se trataba de saber quiénes poblaban un lugar sino también identificar personas, detenerlas y llevarlas a determinados lugares”. Eso era el control poblacional del Operativo Sirena –remarcó la fiscal ya en la primera audiencia– “¡la detención de personas!”, muchas veces en lugares de difícil acceso a otras unidades de la Armada.

Poch estuvo ligado al Sirena II, entre 1975 y 1976. Según su legajo, revistó como secretario de los Estados Mayores de Planeamiento “de este operativo antisubversivo de tanta envergadura”, remarcó la fiscalía. Su estatus y el peso de ese operativo también quedaron resaltados por las Memorias Anuales en este caso de la Prefectura. En 1976, Poch pasó a la escuadrilla de trasporte de búsqueda y rescate. Y en 1977 estuvo en la de caza y ataque. En 1979 ingresó en Aerolíneas Argentinas.

El ingreso en Aerolíneas confirmó otro dato. Poch dice que sólo estaba capacitado para manejar aviones de caza y ataque, es decir no aviones multimotores que son los que tienen capacidad de transportar pasajeros. Nuevamente, precisó la fiscalía, los documentos dicen otra cosa. Poch ingresó en Aerolíneas Argentinas en 1979. Su legajo allí dice que tenía experiencia en transporte de pasajeros. Pero, además, un documento que está en la causa y valoró la fiscalía es su licencia civil de 1979. Esa licencia dice que Poch estaba capacitado para manejar aeronaves de hasta 5700 kilogramos de porte, aviones de vuelo nocturno y multimotores. La fiscal recordó un dato aportado por un perito en el juicio: ¿ustedes saben –preguntó– cuánto pesa un Skyban, señores jueces? Es decir, uno de los aviones de Prefectura usados en los vuelos de la muerte: 5580 kilos.

Para entonces, dos jueces no paraban de escribir. Ibáñez cada vez más inquieto comenzó a mandar mensajes con su celular. El juez Leopoldo Bruglia anotaba. Y Oscar Hergott, cuarto juez de la causa, levantaba y bajaba la cabeza para volver a sus notas.

Otro dato que sostiene Poch sobre la escuadrilla de Caza y Ataque es que no participó de la lucha contra la subversión. “Los documentos dicen otra cosa”, volvió a decir la fiscal.

Antonio Urbano es otro oficial como Poch que perteneció a su misma escuadrilla. Para pedir un ascenso explicó en una misiva interna –incorporada a la causa– que “participó de la guerra contra la subversión desde y con los medios aéreos”. Para la fiscalía, con esto se acreditó que las escuadrillas de Caza y Ataque no fueron ajenas a “la lucha contra la subversión”.

Otro punto en análisis fue su libreta de vuelo. Poch dijo que no tenía adulteraciones, y hasta intentó exhibirlo con un perito de parte. La fiscalía mostró con peritos todo lo contrario: “Nada tiene ese informe de objetivo y de serio. Es un informe terriblemente deficiente. Faltan firmas, sellos, foto del piloto, hay hojas con tachaduras no salvadas”, enumeró, entre otros defectos. Pero, además, esa libreta dice que sí voló aviones de trasporte de pasajeros.

Una de las estrategias de los acusados es decir que no estuvieron en la ESMA o en el Grupo de Tareas 3.3. La fiscal explicó por qué obviamente no estuvieron. “Hay que tener claro que estos vuelos se organizaban más allá de los campos de concentración. Que la ESMA fue el centro de exterminio por excelencia utilizado por la Armada. Que en él convergieron multiplicidad de fuerzas. Pero cuando la ESMA necesitaba de una aeronave con capacidad de transporte y lanzamiento de carga en vuelo, al igual que de pilotos especializados, hacía el pedido a la autoridades del Comando de Operaciones Navales y este al Comando de Aviación Naval. Pues –dijo– fueron las escuadrillas aeronavales quienes facilitaron las aeronaves para ese tramo final. Aeronaves y pilotos. La ESMA no contaba con una flota propia de aviones y de pilotos. Los traslados de los secuestrados del Grupo de Tareas los efectuaban miembros de la Aviación Naval y de la Prefectura, de la Armada. Por lo tanto, no reviste ninguna relevancia que el acusado diga que no estaba destinado a la ESMA, no es esta la imputación que se le atribuye, sino es haber participado en los vuelos de la muerte desde la estructura a la que pertenecía que era la que facilitaba la logística aeronaval al Grupo de Tareas 3.3.”

Finalmente, añadió la fiscal, los vínculos que los vuelos de la muerte tuvieron con las víctimas no están puestos en discusión. “Este juicio ha permitido casi, cuatro décadas después, probarlo.”

Por su rol de tripulante en los vuelos de la muerte, Poch deberá responder en calidad de coautor de privaciones ilegales de libertad, tormentos y homicidios. Las historias de las víctimas comenzarán a leerse en el alegato de la semana entrante.

lunes, 27 de julio de 2015

Alemann: el ex funcionario de la dictadura en la megacausa ESMA

El caso contra Alemann

En 1980, Juan Alemann era uno de los asistentes de Martínez de Hoz y fue al campo de la muerte a conocer a un secuestrado al que acusaban de haber comandado un atentado en su contra. La defensa del mellizo, el tema de los chicos apropiados.

 Por Alejandra Dandan

Los alegatos por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada comenzaron a trabajar el rol de los civiles. Juan Alemann es uno de los dos civiles juzgados en este juicio. Mientras era secretario de Hacienda del ministro José Alfredo Martínez de Hoz entró en el centro clandestino a buscar información sobre un atentado que le habían realizado. A fuerza de tormentos buscó datos sometiendo a un prisionero que la patota le puso a disposición. El ex funcionario, que sigue en libertad tal vez por no vestir uniforme, fue reconocido en la ESMA por varios sobrevivientes.

Alemann no está imputado por apropiación de niños, pero la fiscalía trajo a la audiencia el tema al rescatar una entrevista que, sin embargo, permite ver las oscuridades de su alma. “Hubo 200 y pico de casos de mujeres que tuvieron hijos en cautiverio y después las liquidaron –dice Alemann en ese texto–. De esos, unos 200 los entregaron a los jueces y quedaron menos de 30 casos que se distribuyeron entre familias de militares. Eran chicos que sobraban, porque esos guerrilleros constituían parejas y mientras peleaban tenían hijos. Era una irresponsabilidad. Pero no hubo robo de chicos. Hay que tener estómago para hacerse cargo del hijo de un guerrillero.”

La fiscal Mercedes Soiza Reilly, a cargo de este tramo de la lectura de los alegatos, continuó leyendo esa entrevista. “Al ser preguntado por el periodista: ¿Las cosas pudieron hacerse de otra manera?”. Alemann respondió: “Yo hubiera hecho otra cosa. Hubiera declarado el estado de guerra interno y hubiera fusilado a todo guerrillero que se encontraba con armas. Así se hizo en Chile”.

Alemann entró en la ESMA en 1980 para ver a Orlando Ruiz, un joven militante de Montoneros, secuestrado el 4 de junio de 1980, con su esposa Silvia Beatriz María Dameri, embarazada, y sus dos hijos menores, María de las Victorias y Marcelo Mariano. De acuerdo con los sobrevivientes, la patota forzó a Ruiz para que se hiciera cargo del atentado contra el funcionario. Alemann admitió, hasta aquí, que estuvo en la ESMA y en contacto con los militares, pero negó haber visto a Ruiz e intenta defenderse como lo hicieron los mellizos García Velazco: planteando confusión con su hermano Roberto. Dice que la instrucción de la causa se confundió. Que en todo caso, podrían haber visto a su hermano Roberto, también funcionario pero, como señaló la fiscalía, en un cargo que ocupó recién en 1981, después de los hechos investigados.

“La participación de Alemann en uno de los tramos de los ilícitos que tuvieran como víctima a Orlando Ruiz se encuentra acreditada por las probanzas que se han colectado a lo largo de este juicio”, dijo la fiscal. “Veamos qué pruebas hemos colectado que nos permiten tener por acreditado que el día en que Alemann llegó a la ESMA, Orlando Ruiz fue puesto ante su presencia”, propuso. “En primer lugar, contamos con el relato de dos sobrevivientes que vieron y supieron de la presencia de Alemann, el día en que Ruiz fue llevado a la sala de torturas del sótano del centro de exterminio.” Los testimonios son del Sueco Carlos Lordkipanidse y Víctor Basterra. A sus testimonios históricos, conocidos, se sumaron otros aportados en este debate, dado que Alemann por fin aparece entre los hechos investigados.

Lordkipanidse tomó contacto con Ruiz durante “unos escasos minutos”, antes de la visita de Alemann. El muchacho, a quien no volvió a ver después de ese día y que permanece desaparecido, le dijo que lo someterían a una situación en la que iba a estar el “doctor Alemann”. Lo harían hacerse cargo del atentado. Lordkipanidse pensó que eso era bueno: si a Ruiz lo ponían en presencia de un civil, al Grupo de Tareas no le iba a quedar otra alternativa más que blanquearlo. “Me llenó de esperanza –dijo el Sueco– cuando Alemann pase por delante mío y me vea, pensé, quizás salgo yo también y se rompe la promesa del capitán Acosta, cuando me dijo ‘vos sos boleta’.”

Entonces, se cruzó con Alemann. Estaba en el pasillo del Sector 4, nombre con el que los marinos llamaban al sótano. El lugar no estaba desmantelado sino que tenía oficinas a ambos lados de un pasillo. Parado ante la puerta del comedor, pegada a la Huevera, el Sueco vio pasar a la comitiva exactamente delante suyo y observó cómo ingresaron a ese lugar destinado a la tortura. A Alemann lo vio corpulento, alto, “una persona pública y fácil de reconocer”. También dijo que era parecido a su hermano. Que vestía de traje color gris y zapatos negros. A su alrededor andaban otras diez personas, calculó. Distinguía a dos uniforme y el resto de civil. A esa altura se le sumaron, además, varios de los responsables del centro de exterminio.

Una vez que Alemann entró en la Huevera, el Sueco escuchó el sonido de los grilletes de Orlando, recordó la fiscal. Ruidos que aparecieron “cuando lo desplazaban de la sala de interrogatorios hasta el lugar donde lo aguardaban”.

Para entonces, Lordkipanidse llevaba tiempo secuestrado, forzado a hacer tareas de fotógrafo. “No usaba capucha, pero sí un antifaz, que se corría y le permitía ver. Por handy anunciaron la llegada de Alemann. El guardia, que pretendía llevarlo al comedor para que no viera, al ver la presencia de Alemann se puso en posición de firme.” La llegada del funcionario no fue una sorpresa, se había preparado con anticipación y para el acontecimiento lavaron el sótano con lavandina. “Alemann era el jefe –dijo el Sueco observando la situación–: todos los demás le rendían honores.”

Para la fiscalía estas escenas son clave, no sólo para probar su presencia sino para el ir a otro punto importante, que “Alemann tuvo la posibilidad de influir en la liberación de un detenido, Orlando Ruiz, por los contactos que tenía debido a su función pública, pero no lo hizo”.

El funcionario estuvo con el prisionero una media hora. En la Huevera habían quedado rastros del escenario montado: una representación del atentado con fotocopias de diarios, organigramas de estructuras de los militantes, llaves, corchetes que encerraban nombres y apodos de personas.

Basterra también confirmó la presencia de Alemann. Un guardia le dijo que había llegado porque Ruiz era uno de los responsables de un grupo que lo atacó. También le confirmó que el tal Alemann estaba vinculado al Ministerio de Economía.

En el juicio declararon la hermana de Ruiz y el testigo y sobreviviente Mario Villani. Su testimonio agregó un dato importante: lo describió como parte de las estructuras de poder y explicó que “fue visto en la ESMA más de una vez”. Lo vio además en el Sector 4 acompañado por “Marcelo”, es decir Ricardo Cavallo.

“Los testimonios colectados no hacen más que afirmar que Alemann no sólo fue a la ESMA sino que fue puesto ante Ruiz, a quien acusaban de haber causado su atentado y a quien le pedían explicaciones”, dijo la fiscal. “La presencia del imputado en la ESMA, interrogando a un secuestrado, implicó, además, violencia psíquica por la frustración de las expectativas que pudiera albergar Ruiz, teniendo frente a él a un funcionario de gobierno. Esta presencia más el interés de Alemann en interiorizarse de los pormenores del atentado generaron una mortificación extra en el cautivo, que ha aumentado cuando como respuesta obtuvo la continuación del sometimiento indigno. Y como si fuera poco, todo esto se completó con su desmoronamiento psíquico al comprobar que Alemann no era más que otro integrante del plan de destrucción que se había gestado.”